Sebastián A. Figueroa fue recientemente condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes a 30 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y robo en cuatro ocasiones. Sabido es que la reincidencia en este tipo de delitos es alta. Por primera vez, el acusado pudo ser individualizado a partir del entrecruzamiento de muestras tomadas a víctimas, obrantes en el Banco de Datos Genéticos (BDG) de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con sede en La Plata. Creado en 2008 y reglamentado en 2009, solo en 2019 se volvió operativo.
En el juicio oral se pudo probar la responsabilidad de Figueroa y sustentar su condena como abusador serial gracias a la actuación del BDG, que funciona en la Dirección General de Asesorías Periciales, dentro de la órbita de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales.
El laboratorio almacena evidencias biológicas surgidas de investigaciones por delitos contra la integridad sexual que permiten la identificación de sus autores -sin nombres, solo con códigos- sobre la base de un ADN previamente recolectado y clasificado por un software en distintas categorías (imputados, condenados, vestigios de un único contribuyente y de mezclas con dos contribuyentes, entre otros procedimientos).
En el caso de Figueroa, su perfil genético ya obraba en poder del Registro Nacional de Datos Genéticos por una condena previa. Las denuncias en su contra arrancaban en 2010. Hubo tres ataques posteriores: uno en 2012 y dos en 2013, todos en la zona de Quilmes. La efectividad del BDG en la resolución de crímenes seriales quedó en evidencia.
En la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura aprobó la creación del Registro de Perfiles Genéticos, presentado como un banco de ADN de delincuentes que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Derogó una ley del 2011 que limitaba el registro a los condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. El flamante registro incorporará no solo condenados e imputados, así como también perfiles del personal de seguridad y de justicia que permitan descartar contaminaciones en escenas de crímenes.
El Registro Provincial de Huellas Genéticas vigente en Mendoza desde hace más de una década es considerado el más desarrollado de América Latina. Siete de cada diez rastros biológicos recogidos en escenas de crímenes logran identificar a su autor. En delitos graves como homicidios y abusos sexuales, el 75% de sus autores ya figuraba en la base de datos.
Los bancos y registros de datos genéticos se han convertido en aliados estratégicos para la justicia moderna, permitiendo acelerar investigaciones y ofreciendo pruebas de valor inobjetable en los tribunales.
