Hay debates que merecen ser abordados con apertura, evidencia y la disposición a evaluar si las herramientas que implementamos están logrando los resultados que buscamos. El de la política alimentaria en la Argentina es uno de ellos. Y en este momento, el debate sobre el sistema de etiquetado frontal en alimentos y bebidas corre el riesgo de reducirse a una oposición binaria: quienes defienden los sellos defienden la salud; quienes los cuestionan defienden los intereses económicos. Esa simplificación no le hace ningún favor a nadie, y menos aún a las personas que esperan políticas públicas que realmente mejoren su alimentación.
Empecemos por lo que todos compartimos: la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un desafío importante para la salud pública. También los consumidores tienen derecho a acceder a información nutricional clara y accesible que les permita tomar decisiones informadas. Sobre eso no hay ninguna discusión.
El debate es otro: ¿la herramienta específica del etiquetado frontal vigente es la más eficaz para alcanzar esos objetivos? ¿O existen aspectos técnicos, metodológicos y regulatorios que justifican una evaluación respecto de su efectividad en modificar hábitos en la población?
Un argumento que circula con frecuencia en esta discusión es que los consumidores reconocen e identifican los sellos de advertencia. Sin embargo, la pregunta relevante desde la perspectiva de una política pública no es únicamente si el símbolo es visible, sino si esa identificación se traduce en cambios concretos y sostenibles en los hábitos de consumo y, en última instancia, en mejores indicadores de salud. La evidencia disponible sugiere que ese vínculo no necesariamente se verifica. De acuerdo con una encuesta nacional reciente, apenas el 5% de los argentinos considera al etiquetado frontal como el factor más importante para promover hábitos saludables, mientras que la amplia mayoría prioriza herramientas como la educación alimentaria (42%), el mejor acceso a los alimentos (37%) y la actividad física (14%). Estos datos refuerzan la necesidad de abordar el desafío desde una perspectiva más amplia e integral.
La experiencia internacional muestra que este debate está lejos de estar saldado. Hoy conviven en el mundo más de 60 sistemas de etiquetado nutricional frontal, con criterios diferentes. Esa diversidad refleja que no existe un consenso internacional sobre cuál es la herramienta más eficaz. Por eso, evaluar el sistema vigente a la luz de la evidencia no implica cuestionar el objetivo de la política pública, sino preguntarnos si la herramienta elegida es la mejor para alcanzarlo.
Existe un segundo aspecto que merece atención. Bajo el esquema argentino, más del 95% de los productos presenta al menos un sello y el 81,9% tiene dos o más simultáneamente. En Uruguay, la proporción de productos con múltiples sellos es del 41%; en Brasil, del 34,2%. ¿Es mejor un sistema que advierte sobre casi todo? ¿O un sistema que advierte sobre casi todo pierde capacidad comparativa y orientativa? Esa es una pregunta técnica legítima que los propios expertos en salud pública discuten.
Un tercer punto y el más relevante: la armonización regional. Hoy coexisten distintos sistemas de etiquetado frontal dentro del Mercosur, que generan una situación difícil de explicar: un mismo producto, con idéntica composición nutricional, puede llevar sellos en la Argentina y no llevarlos en Brasil o Uruguay. ¿Eso le da al consumidor información coherente? ¿O le genera la impresión de que las reglas son arbitrarias? La armonización implica construir estándares comparables, comprensibles y técnicamente consistentes para toda la región. De hecho, los sellos son la única información en los envases que no está armonizada con el resto de los países del Mercosur.
Finalmente, hay una dimensión que no debería quedar fuera del debate: la educación alimentaria. Una advertencia en el envase adjudica una señal, pero no informa y menos aún no reemplaza el proceso de aprendizaje necesario para comprender qué significa una alimentación saludable y cómo sostenerla en el tiempo. Los hábitos no se transforman por un sello, sino a partir de información, educación y un entorno que favorezca mejores decisiones. Por eso, pretender resolver un problema complejo mediante una única medida regulatoria supone simplificar una realidad que exige un enfoque mucho más amplio e integral.
El debate que la Argentina necesita no es si hay sellos o no hay sellos, sino qué sistema regulatorio es el más eficaz para ayudar a los consumidores a comer mejor. La armonización regulatoria es el horizonte de mayor previsibilidad para la industria y, al mismo tiempo, la oportunidad de construir herramientas más eficaces para cumplir el objetivo que todos compartimos: promover una alimentación más saludable.
Ese es el debate que Copal quiere tener. Y estamos dispuestos a darlo con sensatez, con datos y con la experiencia de quienes implementamos estas regulaciones todos los días.
La autor es presidente de Copal
