NUEVA YORK.- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, convocó a los ministros de Relaciones Exteriores de más de 60 países a una reunión que se celebrará el jueves de la próxima semana en Washington para abordar lo que el presidente Donald Trump define como el “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”, una iniciativa que ya provocó preocupación entre aliados europeos, diplomáticos y especialistas por el posible uso político del concepto de terrorismo.
Según reveló The Washington Post, la reunión buscará coordinar una respuesta internacional frente a organizaciones consideradas por la Casa Blanca como violentas, anarquistas o vinculadas a la extrema izquierda.
Entre los países invitados figuran la mayoría de las naciones europeas, así como varios países de América Latina, entre ellos la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, además de varios asiáticos como India, Indonesia y Singapur.
La convocatoria se enmarca en la nueva estrategia antiterrorista firmada por Trump en mayo, que puso el foco en grupos que la Casa Blanca describe como grupos “antiestadounidenses, anarquistas o asociados con Antifa”.
Funcionarios del Departamento de Estado sostienen que el sistema de contraterrorismo estadounidense necesita adaptarse a amenazas que, según afirman, fueron subestimadas durante años y que incluyen ataques contra autoridades, infraestructura crítica y fuerzas de seguridad. Sin embargo, la iniciativa despertó fuertes cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos.
De acuerdo con The Washington Post, diplomáticos europeos expresaron desconcierto por el contenido de la invitación y temen que Washington intente ampliar la definición de “organización terrorista extranjera” para justificar herramientas de investigación y vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses vinculados a movimientos como Antifa o a grupos que Trump suele calificar como “comunistas peligrosos”.
Antifa, que es una abreviatura de “antifascistas”, es un término general para grupos activistas de extrema izquierda y no constituye una entidad única.
Antifa, que tiene despliegue en Estados Unidos, también en Alemania, España, Grecia, Italia, los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, se opone al neonazismo, el neofascismo, el supremacismo blanco y el racismo, y más recientemente, a la extrema derecha y a lo que consideran como “un autoritarismo creciente” en el gobierno de Trump.
El objetivo de la agrupación es impedir que esas corrientes tengan una plataforma para promover sus ideas, argumentando que la manifestación pública de estas conduce a ataques contra personas marginadas, incluyendo minorías raciales, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+.
A diferencia de los movimientos o los partidos de izquierda convencionales, el grupo no busca conseguir cuotas de poder, ganar elecciones o influir en la aprobación de leyes en el Congreso.
Con un fuerte discurso anticapitalista, sus tácticas han sido asociadas más con las de grupos anarquistas que con la izquierda tradicional.
Terrorismo “extranjero”
El zar antiterrorista del gobierno, Sebastián Gorka, ha mantenido conversaciones con sus colegas sobre la posibilidad de utilizar la etiqueta de terrorismo extranjero para referirse a Antifa, con el fin de justificar la persecución de estadounidenses vinculados a este movimiento, una asociación poco estructurada de activistas de extrema izquierda que se oponen con vehemencia al fascismo y a las ideologías de derecha, según informaron tres funcionarios estadounidenses, actuales y anteriores.
Un vínculo con grupos terroristas extranjeros “puede desbloquear ciertas herramientas de investigación”, como la vigilancia, declaró un funcionario antiterrorista estadounidense, quien, al igual que otros funcionarios entrevistados para el artículo, habló bajo condición de anonimato para describir las discusiones internas y evitar represalias.
El encuentro también refleja un cambio de prioridades en la política de seguridad nacional de la administración Trump.
Mientras durante las últimas dos décadas la lucha antiterrorista estuvo concentrada principalmente en organizaciones yihadistas como Al Qaeda o Estado Islámico, la Casa Blanca busca ahora instalar como prioridad la violencia política de inspiración ideológica de izquierda.
“Una vieja amenaza que resurge”
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que el evento se organizó porque el terrorismo de extrema izquierda es “una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.
“Dado que esta amenaza no se ha abordado adecuadamente en el pasado, cada intervención, designación o programa de asistencia en materia de seguridad crea un efecto multiplicador que refuerza las contramedidas tanto a nivel nacional como internacional”, declaró Pigott en un comunicado.
Pero algunos funcionarios de la administración Trump temen también que una eventual administración demócrata pueda usar en el futuro esa normativa contra activistas conservadores, según declaró un funcionario.
“La idea es que se está sentando un precedente para que una futura administración de Gavin Newsom utilice estas facultades contra los conservadores”, afirmó el funcionario, refiriéndose al gobernador de California, de quien se espera que se postule a la Casa Blanca en 2028.
Al igual que Gorka, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se encuentra entre quienes han mostrado entusiasmo por adoptar una postura firme contra los extremistas de izquierda en Estados Unidos. Durante una mesa redonda en la Casa Blanca el año pasado, expresó su apoyo a la designación de Antifa como organización terrorista extranjera.
“Es cierto”, dijo Miller cuando el presidente le pidió su opinión, “tienen amplios vínculos con el extranjero. Creo que sería una medida muy válida”.
Pero lograr esa designación para Antifa sería difícil, según los expertos.
La ley estadounidense exige que un grupo sea extranjero para ser designado como tal. “Si tiene una presencia nacional significativa, no puede ser designada como organización extranjera”, dijo Jason Blazakis, quien dirigió el proceso de designación del Departamento de Estado durante 10 años antes de dejarlo en 2018.
Agencias ANSA y AP
