La causa conocida como Cuadernos de las coimas, que hoy transita su juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7, dejó planteada una pregunta que excede largamente la suerte procesal de cada imputado: ¿cómo pudo funcionar durante una década un sistema de recaudación ilegal en el centro de la obra pública sin que ningún organismo del Estado lo advirtiera? La maniobra salió a la luz por las anotaciones de un chofer y por una investigación periodística. Ninguna auditoría, ninguna sindicatura, ninguna alerta financiera la detectó antes.
La explicación habitual habla de fallas, de distracciones, de funcionarios que no cumplieron con su deber. Es una explicación cómoda, porque supone que el sistema estaba bien concebido y que solo hubo personas que lo traicionaron. La evidencia sugiere otra cosa. Cuando el mismo resultado se repite con gobiernos de distinto signo, durante décadas y en todos los niveles, el problema deja de ser la ejecución. Es el diseño. La Argentina no tiene controles que fallan: tiene una arquitectura pensada para que el control nunca llegue.
Basta repasar quién vigila a quién. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), responsable del control interno del Poder Ejecutivo, está encabezada por un funcionario que designa y remueve el propio presidente.
Las unidades de auditoría interna de cada ministerio y organismo dependen jerárquicamente de la autoridad cuyos actos deben revisar.
La Oficina Anticorrupción (OA), que recibe las declaraciones juradas de los funcionarios y puede querellar en causas de esa materia, es un apéndice del Ejecutivo. Su titular llega y se va por decisión del mismo gobierno al que debería investigar.
El control externo no luce mejor. La reforma constitucional de 1994 dio jerarquía a la Auditoría General de la Nación y dispuso que la presidiera un representante del principal partido de oposición. Más de tres décadas después, el Congreso nunca dictó la ley que debe reglamentarla, y el organismo sigue funcionando con normas anteriores a la propia reforma. Sus auditores se reparten entre los bloques parlamentarios, sus informes llegan con años de atraso y las comisiones que deberían tomarlos como insumo rara vez les prestan atención.
La Cuenta de Inversión, el balance con el cual el Ejecutivo rinde informes sobre del gasto, se aprueba -cuando finalmente se logra que ello suceda- con demoras que vacían de sentido el ejercicio.
Los órganos que podrían romper esa lógica están, sencillamente, vacíos o en suspenso. La Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, lleva más de 15 años sin titular. No hace falta derogar un control cuando alcanza con no designar a quien debe ejercerlo. Entretanto, la Procuración General, cabeza de los fiscales, es ejercida por un funcionario que, al margen de su calidad personal, es interino desde diciembre de 2017.
La información sobre una contratación pública está repartida entre el organismo que licita, el que paga, el ente recaudador, el regulador bancario, la unidad que analiza operaciones sospechosas y el registro donde constan los accionistas de la empresa adjudicataria. Cada uno guarda su porción con sus propios sistemas y bajo su propio secreto, y ninguno está obligado a cruzarla con los demás. El resultado es un mapa en el que nadie ve el territorio entero, algo muy conveniente para quien necesita moverse por las zonas que nadie mira.
Cuando finalmente algo llega a los tribunales, el diseño vuelve a jugar a favor del reloj. Instrucciones que se estiran durante años, nulidades que se resuelven en cámara lenta, recusaciones encadenadas y un procedimiento que premia la paciencia de las defensas. La causa de los Cuadernos necesitó siete años para llegar a juicio oral. En ese contexto, la prescripción deja de ser un accidente procesal para convertirse en una estrategia con altas probabilidades de éxito.
Nada de esto es un secreto ni producto del descuido. Cada gobierno hereda esta estructura, la denuncia desde el llano y la conserva desde el poder. Ningún oficialismo tiene incentivos para crear un controlador que lo incomode y ninguna oposición quiere renunciar a la porción del reparto que le toca.
Así, el andamiaje de control termina siendo una escenografía. Existen los organismos, los cargos, los presupuestos y los informes. Lo que no existe es la expectativa de que encuentren algo.
La discusión se vuelve urgente ahora, cuando el Estado privatiza empresas, otorga concesiones de rutas, puertos y servicios, y renegocia contratos de largo plazo. Esas operaciones moverán miles de millones de dólares y fijarán reglas por décadas. Serán vigiladas por la misma estructura que no vio pasar los bolsos. Si resultan transparentes, será por la voluntad de los funcionarios involucrados, no porque el sistema lo garantice.
Revertir este diseño no exige grandes invenciones, sino decisión política tendiente a sancionar de una vez por todas la ley de la Auditoría General y dotar a sus informes de plazos y consecuencias. También, sacar a la Sindicatura y a la Oficina Anticorrupción de la órbita del Poder Ejecutivo, con funcionarios elegidos por concurso y mandatos que excedan a los gobiernos. Es necesario cubrir los cargos vacantes, obligar a los organismos a compartir información en tiempo real y en formatos abiertos, y fijar plazos ciertos para las causas de corrupción, con responsabilidad para quienes los incumplan.
Mientras eso no ocurra, la detección de la corrupción en la Argentina seguirá librada al azar, a que alguien decida anotar, a que alguien decida hablar, a que alguien decida publicar. Un país que confía su integridad pública a la casualidad no tiene un sistema de control; tiene, apenas, la esperanza de tener suerte.
