Del 28 de diciembre al 6 de enero, Baratta tendrá vacaciones familiares en Brasil. Y no, no es una broma de mal gusto: es una autorización del Tribunal Oral Federal 3. Porque aparentemente, para algunos jueces, estar condenado, investigado y tener un embargo de 1.500 millones de pesos no es impedimento para armar las valijas y cruzar la frontera.
Los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni votaron a favor. Consideraron que no hay elementos objetivos para suponer que Baratta vaya a escaparse. Claro, ¿para qué preocuparse? Si vuelve, tiene tres días hábiles para presentarse en tribunales. ¡Un control de frontera digno de una excursión escolar!
La fiscalía tampoco se opuso. Entre la fiscalía que no objeta y los jueces que autorizan, Baratta consiguió lo que muchos argentinos apenas pueden soñar: vacaciones pagadas —por él, claro, aunque sería interesante saber con qué plata— y tranquilidad judicial.
Porque ahí aparece el detalle que parece haber incomodado solamente al juez Javier Ríos, quien votó en disidencia. Si Baratta argumentó que no tenía patrimonio suficiente para afrontar las medidas judiciales, ¿con qué dinero piensa financiar sus vacaciones en Brasil? ¿De dónde salen los fondos? ¿Del mismo patrimonio que no alcanza para responder ante la Justicia?
Ríos pidió algo bastante sencillo: que justifique el origen del dinero o pague el embargo. Una pregunta lógica, incómoda y, por lo visto, demasiado exigente para la mayoría del tribunal.
Pero no es la primera vez que Baratta consigue autorización para hacer turismo internacional. En marzo ya había viajado a Río de Janeiro. Evidentemente, el expediente judicial no le impide desarrollar una interesante carrera como turista frecuente.
Y acá está el verdadero escándalo: no se trata de discutir si alguien puede viajar o no, sino de preguntarse qué mensaje transmite una Justicia que parece tener una consideración extraordinaria cuando el protagonista pertenece a la aristocracia de la política.
Para el ciudadano común, una deuda es una preocupación, un embargo es un problema y una condena es un asunto gravísimo. Para determinados personajes de la política, en cambio, parece haber una ventanilla especial: se presenta una nota, se invoca la recreación familiar y listo, ¡buen viaje!
Búzios espera a Baratta. El sol brasileño está garantizado. Lo que no está garantizado es que la sociedad siga tragándose estas decisiones sin indignarse.
Señores jueces Basso y Machado Pelloni: la Justicia no es una agencia de viajes para exfuncionarios. Tampoco es un club privado donde los privilegios se tramitan por mayoría.
Y una última pregunta: ¿con qué autoridad puede la Justicia exigirle sacrificios al ciudadano de a pie cuando, frente a determinados personajes del poder, parece tener siempre una indulgencia de cinco estrellas?

