En el país de los “secanucas”

Tomarles el pelo a los argentinos se convirtió en un hobby de Claudio “Chiqui” Tapia, el mandamás de la AFA con 21 expedientes abiertos en los tribunales por presuntas causas de corrupción. Ya está procesado en una de esas investigaciones por retención indebida de impuestos, y también está siendo investigado por la Justicia de los Estados Unidos (y por el FBI) por presuntos delitos de fraude y lavado de dinero. Hombre con suerte, su tambaleante destino judicial coincidió con los triunfos de la selección argentina de fútbol en el Mundial, que disputará hoy el partido final frente al seleccionado de España. Tapia no tuvo mejor ocurrencia que mostrarse jocosamente detrás del más grande ídolo futbolístico de la era que nos toca, Lionel Messi, con alguien que le secaba la nuca de la transpiración que le provocaba el intenso calor del verano boreal. El “secanuca” de Tapia existe desde 2024, cuando se lo vio a su secretario secándole la transpiración de la nuca durante un partido entre la Argentina y Canadá. Recibió una tormenta de críticas por esa actitud propia de un caudillo sin límites ni medidas, que les impone a sus subalternos una sumisión degradante. El soberano absoluto de un emirato es seguramente más discreto que Tapia. De todos modos, lo que mostró esa infame provocación es mucho más que el hecho en sí mismo: es la decisión del dueño de la AFA de usar el talento de los jugadores del seleccionado nacional como escudo frente a la aversión que provoca entre los argentinos. En síntesis, Tapia se siente protegido por el equipo que lidera Messi; tanto este como la mayoría de los jugadores, que son jóvenes y viven en el exterior, no conocen los pormenores de las fechorías que cometen (y cometieron) el jefe de la AFA y sus compinches. No importa. Tapia los usa y amedrenta a sectores destacados de la Justicia. En la semana última, la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, volvió a poner en debate la jurisdicción que debe juzgar a Tapia por la supuesta propiedad de una mega quinta en Pilar valuada en cerca de 20 millones de dólares. Los magistrados citaron a una audiencia de las partes para el 12 de agosto, después de la feria judicial que comienza el lunes, porque la defensa de Tapia volvió a cuestionar la competencia de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia. Straccia es una jueza seria y honesta y, quizás por eso, Tapia y su socio (¿cómplice?) Pablo Toviggino la quieren sacar del medio. Se propusieron desde que empezó todo que la Justicia reconociera como sede de la AFA un terreno baldío que compraron en Pilar, en lugar del histórico edificio de la calle Viamonte, para que la causa cayera en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ocupa el cargo que en su momento desempeñó el exjuez Federico Faggionato Márquez.

Ese es un juzgado que estuvo siempre influenciado por franjas de los servicios de inteligencia, sobre todo por la que lidera el inagotable Antonio “Jaime” Stiuso. Faggionato Márquez implicó arbitrariamente al entonces político Francisco de Narváez en un falso caso de tráfico de efedrina en las vísperas de las elecciones legislativas de 2009, cuando el ahora supermercadista se enfrentaba con el entonces gobernante matrimonio Kirchner. Fue a todas luces una operación de los servicios de inteligencia para beneficiar a los Kirchner, que perdieron esos comicios a manos de un parvenu político. Más adelante, Faggionato Márquez fue destituido por el Consejo de la Magistratura por “parcial” y “arbitrario”, y De Narváez abandonó la política. La historia explica, entonces, por qué los actuales cacique de la AFA quieren que los investigue González Charvay; aquellos tienen conexiones con el kirchnerismo, con los servicios de inteligencia y ahora con la familia Mahiques, muy vinculada a la AFA de Tapia. La decisión de Borinsky y Barroetaveña es imposible de explicar, porque Casación ya había decidido que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolviera definitivamente de quién es la competencia para juzgar a Tapia y Toviggino. Esa Cámara puso el caso en manos de la jueza Straccia, pero Tapia y Toviggino no se resignaron y volvieron en queja a Casación; Barroetaveña y Borinsky aceptaron debatir la queja. Ellos dicen que es solo una audiencia para escuchar a las partes y que no es una resolución sobre el caso. Es cierto, pero lo que era definitivo hasta hace cinco días ya no lo es. Barroetaveña debió abstenerse de juzgar el caso de la AFA porque él fue vicepresidente del tribunal de ética de la entidad central del fútbol argentino hasta que estalló el escándalo que involucra a Tapia y Toviggino. La palabra ética y Tapia dibujan los perfectos trazos de un oxímoron. Borinsky es candidato para ocupar una de las dos vacantes que existen en la Corte Suprema de Justicia, aunque el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti aclaró que él no lo propone. Sin embargo, en el acto de la fiesta nacional de Francia en la embajada de ese país europeo, el martes último, Borinsky se mostró muy confiado ante varios interlocutores de que llegará al máximo tribunal de Justicia del país. Tiene relación directa con el presidente Javier Milei o, al menos, la tiene a través de intercambios de mensajes por WhatsApp. Borinsky no es Ariel Lijo, el anterior y frustrado candidato a juez de la Corte, y a la mayoría del Senado le resultará difícil decirle dos veces que no al Presidente. Borinsky está, si esa es la idea de Milei, más cerca que Lijo de ser juez de la Corte Suprema.

El arribo de los Mahiques al Ministerio de Justicia cambió la historia de Milei con los tribunales. Altas fuentes oficiales se mostraron preocupadas por esa metamorfosis y dijeron que dudaban de que “la presencia de esa familia en el control de la Justicia termine beneficiando al Gobierno y a La Libertad Avanza”. Por lo pronto, ya empezaron a cambiar el orden de méritos de los candidatos a para colocar a jueces amigos, como es el caso de Pablo Yadarola, que integrará la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de la Capital. También el Gobierno ha propuesto como titular al actual juez provisional de esa Cámara Pablo Bertuzzi, pero esta nominación es seguramente una compensación por Yadarola; Bertuzzi fue perseguido insistentemente por el kirchnerismo y no es un mal magistrado. Miembro de esa Cámara, el impecable juez Martín Irurzun quedó en un limbo; el sábado cumplió 75 años, la edad máxima para ser juez según un artículo de la Constitución. Es necesario recalcar que es según un artículo, el 99, porque otro artículo, el 110, indica que los jueces “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”. ¿En qué quedamos? ¿Deben irse a los 75 años o son intocables en sus cargos mientras sean buenos jueces? El artículo 110 pertenece a la Constitución fundacional de 1853; el límite etario lo agregó la reforma de 1994. Estos constituyentes debieron modificar el artículo de la inamovilidad de los jueces si querían que se fueran a cierta edad. Para peor, les da a los jueces la posibilidad de que renueven el acuerdo por cinco años más cuando cumplen los 75, pero eso los obliga a estar en campaña permanente ante el gobierno de turno, que es el único que tiene la atribución de pedirle al Senado el acuerdo para que sigan siendo jueces.

Irurzun viene planteando una cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de esa contradicción que es comprobable entre dos artículos de la Constitución, pero para eso pidió una cautelar hasta que se defina su reclamo. El viernes se presentó en un juzgado de primera instancia para plantear el fondo de la cuestión, pero la cautelar está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces de la Corte que están en Buenos Aires son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes deberían decidir, con tres conjueces sorteados previamente, sobre la cautelar de Irurzun. Entre tanto, otras instancias judiciales deben decidir si el artículo que establece el límite de los 75 años es constitucional. En tales circunstancias, es difícil concluir que Irurzun quedó fuera de la Justicia solo por cumplir 75 años. Faltan todavía varias decisiones de distintos magistrados sobre el caso Irurzun. La parcialidad es manifiesta: el padre del ministro Mahiques, el juez Carlos Mahiques, consiguió en un trámite exprés que el Gobierno y el Senado lo autorizaran a ser magistrado hasta los 80 años. Elisa Carrió, en un duro documento sobre la “corrupción” del Consejo de la Magistratura porque cambia arbitrariamente el orden de méritos de los jueces señaló con respecto al caso Irurzun: “Es preciso señalar que ante la confirmación de un juez tan íntimamente ligado a la corrupción como el doctor Mahiques y por otro lado la no confirmación de Martín Irurzun (…) implica en los hechos el triunfo de la impunidad y el castigo a los jueces ejemplares”. Carrió es una voz influyente ante jueces y fiscales porque le reconocen sus muchas denuncias sobre la corrupción política. Cristina Kirchner está presa en su casa por una denuncia sobre el manejo de los recursos de Vialidad que formuló Carrió en los tribunales en 2008, cuando Néstor Kirchner aun vivía.

El núcleo central del problema consiste en el cambio que Karina Milei promovió en el Ministerio de Justicia, cuando decidió nombrar ahí a su protegido Juan Bautista Mahiques y a su ahijado político Santiago Viola, que en sus tiempos de abogado fue procesado por instigación al falso testimonio de testigos igualmente falsos. La salida de ese ministerio de Mariano Cúneo Libarona y, sobre todo, del viceministro Sebastián Amerio, actual procurador del Tesoro, terminó con una destacada gestión de Milei con respecto de los jueces. Amerio es amigo personal de Santiago Caputo, el asesor más importante del Presidente, pero tiene su propia personalidad y su propia trayectoria en la Justicia. Nunca se supo que haya presionado a algún juez o que proyectara cambiar el orden de méritos del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces. Al contrario, varios senadores aseguraron que escucharon a Amerio garantizarles que integraría las ternas de futuro jueces con los postulados que estuvieran en los primeros lugares de las listas de la Magistratura. Mahiques y Viola, con la complicidad de sectores de los servicios de inteligencia, del apócrifo radical Daniel Angelici y de jueces de Comodoro Py dieron vuelta la buena política de Milei. Karina lo hizo.

Dicen que el traspaso a la órbita de Diego Santilli, jefe de Gabinete, de varios organismos estratégicos (entre ellos, el Enacom, que regula las telecomunicaciones; la agencia de acceso a la información pública, y Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones) significó un triunfo de Karina Milei sobre Santiago Caputo, porque este tenía esos entes bajo su sombra. La versión es relativa. Los funcionarios de esas oficinas siguen siendo los mismos que tenía Caputo. Y, además, los que dicen eso no conocen a Santilli. Es un profesional de la política para quien cualquier guerra es inservible. Tan es así que fue ascendido hasta el más alto cargo de la administración, después del Presidente, por la hermana de Milei, pero nunca rompió el diálogo con Santiago Caputo. Los que pelean en política pierden el tiempo.

Por lo demás, Santilli está aplicando una estrategia electoral para el año próximo, cuando Milei se jugará la reelección, muy parecida a la que venía promoviendo Caputo. Antes de que llegara Santilli, el asesor estrella proponía un acuerdo con 14 gobernadores radicales, de Pro y algunos peronistas para que se quedaran con sus candidatos provinciales a cambio de que apoyen al Presidente en su reelección y le dejen a La Libertad Avanza todas las candidaturas de legisladores nacionales. Karina Milei prefería envolverse ella y envolver a su hermano y al Gobierno en la bandera violeta del partido oficial. Santilli bajó de 14 a 12 la nómina de gobernadores y le agregó la posibilidad de colectoras. Pero objetivamente está más cerca de la estrategia electoral de Santiago Caputo que de la de Karina, a pesar de que ella ha hecho trascender que cambió y que está de acuerdo con Santilli. Un empate. A pesar de todo, ninguno de ellos pasea su arrogancia delante de los argentinos con alguien que le seca la nuca.