En varios despachos del oficialismo están convencidos de que el “drenaje” de información sobre el caso que involucra a Manuel Adorni seguirá en los próximos días. La mira está puesta, fundamentalmente, en lo que sucederá hasta el 2 de julio, cuando el jefe de Gabinete se presente en el Congreso de la Nación.
A priori, esa fecha está pensada para el informe de gestión, pero el avance de la causa podría sumar presión política sobre el funcionario y alimentar un pedido de interpelación de la oposición, con una eventual moción de censura como posible desenlace.
Como contrapartida a esa presión, Adorni goza del total respaldo del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Con ambos se mostró este sábado en Rosario.
“Es un hecho que el tema va a seguir, y a esta altura no importa qué sale o de dónde viene, todo suma más daño”, definió resignado un funcionario hastiado del tema, como la mayoría del oficialismo. “No importa que ya sean ‘detalles’, es dañino igual“, completó.
La mayoría de las miradas está puesta en lo que puede salir del peritaje al teléfono de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cúa, en Exaltación de la Cruz, por un valor de 245 mil dólares, según declaró ante la Justicia.
Cerca del ministro coordinador optan por la prudencia respecto de lo que podrían ser los resultados de los peritajes y refieren a que por orden del fiscal Gerardo Pollicita se realizó una extracción muy puntual del teléfono de Tabar, a cuyos resultados todavía no tienen acceso. En Balcarce 50 hay quienes insisten en que “todo quedará explicado”.
Del teléfono de Tabar salió esta semana la factura por más de 8 millones de pesos en gastos de blanquería, facturados a nombre de la secretaria privada de Adorni y pagados en efectivo. En varios despachos del oficialismo descuentan que puede haber más novedades sobre eso y creen que “aunque no sean montos astronómicos, el impacto es muy tangible”, se resignó otra voz.
Aunque nadie admite haber hablado del tema con el ministro coordinador, a esta hora la resignación es total. “Si desde hace tres meses nos vinimos enterando las cosas en capítulos, ¿por qué pararía ahora cuando los peritajes están en plena marcha?”, razonó uno de los consultados.
Desde las primeras semanas del caso, la sensación compartida, en base a las distintas develaciones, se sintetizó en una frase: “cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir”.
La dimensión del impacto advertida internamente desde hace meses en el Gabinete, se materializó este viernes con una remoción de Adorni del cargo de vocero. “Con todo lo que salió era imposible que siguiera ahí. Se caía de maduro”.
La testimonial de Tabar, a principios de mayo, marcó un antes y un después en el curso de la investigación. Ante el fiscal Pollicita, el contratista sostuvo que había cobrado de Adorni más de 240 mil dólares para remodelar su casa del country. Todo fue en efectivo y sin factura, dijo, aunque luego volvió a Comodoro Py y aportó los comprobantes de muchas de las compras realizadas para la obra.
Entrevistado esta semana sobre la documentación entregada a la Justicia, Tabar señaló, en diálogo con la señal A24, que se trata de “una especie de administración de la obra de las cosas que se hicieron y se llegó a un recuento y se llegó a ese número”, e insistió con la idea de que el presupuesto inicial que le pasó a Adorni fue creciendo con el correr de la obra. “Se fueron agregando cosas”, dijo.
Además de hacer volar por los aires la ecuación de ingresos y egresos del funcionario, su declaración ante la Justicia incluyó la entrega del celular.
Se trata de un iPhone, que luego de un paso frustrado por la DATIP, terminó en manos de los expertos del Ministerio Público Fiscal porteño. El trabajo forense aún no concluyó, pero la información ya fue extraída del aparato y la fiscalía recibe algunos datos parciales.
La última gran batería de medidas, ordenada el jueves por el fiscal, incluye el pedido de información al local de Recoleta que le vendió a Adorni los sommiers y las sábanas, pero también el pedido de muchos otros datos que irán llegando a la fiscalía en la semana.
De la Anses, la Justicia aguarda registros laborales tanto de Adorni como de su mujer, Betina Angeletti. De la Comisión Nacional de Valores, información sobre las plataformas virtuales que operaban al momento en que el funcionario habría obtenido la supuesta ganancia de 300 mil dólares, declarada solo en la entrevista con José Del Rio en LN+. Y del country Indio Cuá, el listado de ingresos y egresos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
En la Justicia ya tienen registro, para julio del año pasado, de la llegada al country de un flete cuyo contenido aún no fue identificado.
El celular de Tabar podría no ser la única fuente de información que vuelva a encender el tema y sume presión política sobre el funcionario.
Requerimiento
En paralelo, el fiscal avanza sobre el frente patrimonial. El viernes al mediodía, mantuvo un encuentro con los expertos contables de la Procuración que tienen bajo estudio todos los documentos que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, documentos que fueron luego girados a la Justicia.
Son la declaración jurada de 2025 y todas las rectificaciones realizadas por Adorni en los años previos. El eje central allí es la incorporación de 565 mil dólares en el año 2023, dinero que el funcionario había omitido declarar y que restituyó el balance que Tabar rompió con su declaración.
El objetivo del encuentro del viernes, según pudo reconstruir este medio, fue comenzar a ajustar criterios de trabajo entre los expertos y la fiscalía de cara a un eventual requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una posible indagatoria en las investigaciones por enriquecimiento ilícito.
En la Justicia consideran que a esta altura, con los datos reunidos en el expediente, aquel primer llamado es casi ineludible. En esa instancia, Adorni deberá ofrecer explicaciones sobre el gran crecimiento en sus gastos y la fiscalía evaluar si son satisfactorias. Esa instancia, sin embargo, todavía no se vislumbra en el horizonte inmediato de la causa.
Según pudo saber LA NACION, Adorni no presentaría la documentación que avale sus dichos en diálogo con LN+ sobre operaciones con criptomonedas hasta que eventualmente se lo requiera la Justicia.
