En las últimas horas, quienes trabajaron durante meses en el proyecto de la reforma laboral están en llamas. “Es una locura”, criticó un hombre perteneciente al conjunto de los varios sectores que pensaron el proyecto oficial. Se refería así particularmente al artículo de la polémica: el de las licencias por enfermedad, que no estaba en el dictamen original, que fue introducido en el Senado y que generó una controversia que podría complicar la sanción del proyecto de reforma laboral que ahora se debatirá en Diputados.
En el Gobierno tomaron nota de que el revuelo político y público puede meter ruido a una aprobación que se daba por descontada tras la victoria oficialista en el Senado. Por eso, comenzaron a analizar propuestas para destrabar la controversia, siempre por fuera del texto aprobado.
Fuentes oficiales contaron a LA NACION que la propuesta que llevarán a los diputados es que el Gobierno convoque, una vez aprobado el proyecto como está, a la renegociación de los convenios colectivos. El propio Poder Ejecutivo buscaría que en todos se incluyera una cláusula en la que se especificara que “cuando la imposibilidad de prestar tareas se encuentre unánimemente aceptada, se adicionará a los importes previstos en el artículo 208 (de las licencias médicas) un adicional no remunerativo” que servirá para completar el 100% del sueldo neto. A esto, dijeron, se le agregaría que también el aporte a la obra social, que el enfermo necesitará, y un posible retoque en el cambio que se hizo en la duración de las licencias médicas.
Lo cierto es que algunos habían mencionado la posibilidad de trabajar en la reglamentación de la ley, pero quienes conocen de normas saben que la misma no puede exceder lo que la propia ley contempla. Los convenios, sí, dicen. “Se asumiría un compromiso político público”, explicaron cuando se preguntó por qué deberían confiar los legisladores.
Uno de los inconvenientes que esto abriría, sin embargo, es que quedarían marginados de esta aclaración todos los trabajadores fuera de convenio. Sin embargo, en el Gobierno creen que en las empresas privadas no aplicarían normas diferenciadas entre trabajadores. “Se aplicará como un beneficio”, creen entre los que están buscando soluciones.
El fuerte enojo se extendía entre quienes habían trabajado en los detalles de la ley antes de que entrara al Congreso. Contaron a este medio que en el Consejo de Mayo se había trabajado en los problemas del “curro de las licencias” vinculado al ausentismo, que genera costos extras a las empresas. Se había pensado, justamente, en la posibilidad de, por ejemplo, dar asignaciones no remunerativas para quienes tenían que tomarse licencia. Pero esa idea habría sido “bochada” por el Ministerio de Economía.
“Esto es una locura”, dijo una fuente que conoce el proyecto y que explicó que el artículo 210 —sobre los certificados médicos digitales— ya limitaba el abuso en las licencias médicas entre los trabajadores. Quienes pensaron el cambio estructural que impulsa el Gobierno creen que la introducción del polémico artículo por las licencias da de comer a quienes dicen que la ley podría quitarles derechos a los trabajadores. “Esto se agregó en el Senado”, dijeron, aunque nadie quiere llamar por su nombre al responsable.
“Este es un artículo que se metió en el Senado. No estaba en el proyecto nuestro”, ratificó a LA NACION otro de los autores del denominado proyecto de ley de modernización laboral.
El artículo 208 de la iniciativa dice que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años”. Luego agrega que: “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% (setenta y cinco por ciento) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”.
“La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”, cierra.
Cualquier cambio en la media sanción ya aprobada en el Senado con 42 votos significaría un traspié para la Casa Rosada. El texto debería retornar para su revisión a la cámara de origen y los tiempos se estirarían sin plazo.
Como contó hoy LA NACION, si los bloques que le prestaron su apoyo en el Senado replican su voto en la Cámara de Diputados, la aprobación en general del proyecto no debería peligrar. Sus cálculos le arrojan un piso de, al menos, 131 votos. Pero crecen las dudas −y las resistencias− luego de la polémica por las licencias.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida un día después de la sanción en el Senado. “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”, dijo el economista.
“Pero si lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, ejemplificó.
