Como si al mundo le faltara algún conflicto, en los últimos días se abrió un nuevo frente de disputa entre Brasil y la Unión Europea (UE). El bloque comunitario decidió suspender las importaciones de carne y otros productos del socio mayor de la Argentina en el Mercosur porque no ofrecía suficientes garantías sobre el control en el uso de antibióticos en la ganadería.
La UE busca combatir la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos y exige un uso responsable de los antibióticos en la producción animal. En mayo pasado, el bloque comunitario había retirado a Brasil de la lista de naciones que tenían un reconocimiento al respeto de las reglas europeas referidas al uso intensivo de antibióticos en la producción ganadera. Frente a la falta de respuestas positivas, las autoridades de la Comunidad Europea decidieron suspender las importaciones brasileñas hasta tanto tengan garantías mínimas sobre trazabilidad.
Hasta el momento, Brasilia criticó el veto y advirtió que recurrirá a los mecanismos de solución de controversias, tanto los previstos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea como de la Organización Mundial del Comercio. En el caso de la ganadería bovina, están en juego exportaciones por más de US$1000 millones y casi US$800 millones sobre carne aviar.
Más allá de las presiones internas de los productores ganaderos europeos, fundamentalmente franceses, que rechazaron el acuerdo con el Mercosur y las políticas históricamente proteccionistas de la UE, lo cierto es que la cuestión de la inocuidad y la sanidad animal hay que tomarla en serio. Cuando se levanta la bandera de la desregulación y se cuestiona el papel del Estado en la producción, es mejor ir con un bisturí y no con una motosierra. Tampoco se trata de alegrarse por la desgracia del vecino, porque también le puede ocurrir a la Argentina una sanción como la que hoy tiene Brasil, pero sí vale destacar los sistemas de trazabilidad e información de la producción ganadera argentina.
También de la existencia de un organismo como el Senasa que, pese a las dificultades y los recortes presupuestarios, puede otorgar garantías de inocuidad de la producción argentina. Si de algo sirvió la crisis de la fiebre aftosa de fines de los años 90 y principios de este siglo es que la confianza se puede perder muy fácilmente y recuperarla puede costar años.
Cada vez más, el concepto de sustentabilidad va dejando paso al eslogan y transformándose en reglas y comienza a entrar en el mundo de los negocios. Habrá quien cuestione la definición de cambio climático y todas las medidas que se están adoptando para impulsar la transición energética del uso de recursos no renovables a renovables, pero lo cierto es que ahí están. Obviamente cada uno es libre de aceptarlas o no.
Entre ellas, está el impulso a los mercados de carbono. Al respecto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó en un informe esta semana que “el mercado de créditos de carbono puede representar para la Argentina una oportunidad económica de aproximadamente US$4800 millones anuales. Según la entidad, los recursos, “no pueden estar concentrados en intermediarios ni bajo un esquema de administración estatal, sino que lleguen a los propietarios y productores que generan y sostienen los proyectos”.
Según expresó Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA, “estos recursos van a ir hacia regiones donde el desarrollo del país ha quedado inmovilizado ante la presión del ambientalismo extremo y leyes que generaron pobreza estructural”.
Según la entidad, “el desarrollo del mercado de carbono puede generar una nueva fuente de ingresos para productores y comunidades de distintas regiones del país, particularmente en zonas del NEA, NOA y la Patagonia, donde existen importantes superficies con potencial para desarrollar proyectos de conservación y captura de carbono”.
El impulso de estos temas no debería ir en reemplazo de cuestiones más terrenales como la elevada presión impositiva de todos los niveles del Estado sino en paralelo. En definitiva, la sustentabilidad no solo es ambiental sino también social y económica. La oportunidad y la ventaja que tiene la producción agroindustrial argentina es que está en condiciones de responder a las demandas de sanidad y calidad de los mercados globales. Aunque haya sobresaltos, es un camino que vale la pena recorrer.
