El Senado reanudó esta tarde la sesión que había pasado a cuarto intermedio el pasado 19 de julio y en la que está previsto que se discuta el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegará al recinto sin el polémico capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros.
No obstante, el tratamiento del proyecto se verá demorado porque el inicio de la sesión estará eclipsado por la discusión en torno a los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.
La senadora ultrakirchnerista cuyana cursa un embarazo de 32 semanas y por prescripción médica no puede viajar largas distancias, mientras que el radical norteño fue operado de una rodilla y tampoco puede movilizarse. En ambos casos, fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel que deberán ser refrendados por el pleno del cuerpo para hacerse efectivos.
A pesar de que no contará con el capítulo de extranjerización de tierras, caído por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas, el proyecto de inviolabilidad privada tiene otros temas que prometen un acalorado debate en el recinto.
Uno de ellos es el capítulo relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Se trata del capítulo II del proyecto establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez interviniente debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
El proyecto también modifica el régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Se incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión por 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego sancionada por impulso del kirchnerismo en el gobierno de Mauricio Macri, eliminando las restricciones a la utilización y venta de pastizales y predios productivos afectados por incendios.
No obstante, se mantiene la prohibición de modificar el uso y destino en caso de incendio de bosques nativos y reservas forestales, tal cual está establecido en sus respectivas legislaciones.
