El Senado les dio acuerdo por unanimidad a los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La votación terminó con más de cuatro meses que las postulaciones permanecieron congeladas por orden de la Casa Rosada por las supuestas vinculaciones que los funcionarios judiciales tendrían con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encarnada por Claudio “Chiqui” Tapia.
En la misma votación, sin debate previo y por 66 votos a favor y ninguno en contra, también obtuvo el acuerdo de la Cámara alta Juan Manuel Mejuto, postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal. En este caso, su nominación había quedado en suspenso por sus supuestos vínculos con el colectivo kirchnerista Justicia Legítima.
Tanto Catania como Galván Greenway son jueces de primera instancia del fuero penal económico y fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes en el tribunal de alzada porteño, una cámara que viene con su representación menguada por renuncias, jubilaciones y fallecimientos.
Se trata de un tribunal clave en causas de alto impacto institucional y económico. Ambos magistrados ya habían superado la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos sin cuestionamientos formales de peso, pero sus pliegos permanecieron congelados luego de que la Casa Rosada decidiera frenar su avance.
El trasfondo político del caso estuvo marcado por la presunta cercanía de los magistrados con la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, y con su tesorero, Pablo Toviggino, en momentos en que el Gobierno mantenía una disputa con la entidad por la posible apertura del fútbol a las sociedades anónimas deportivas.
Esa situación derivó en una demora en la presentación de los dictámenes, pese a que los nombres habían sido impulsados desde el Ministerio de Justicia.
La reactivación de los expedientes se produjo tras la presión de senadores de distintos bloques para que los dictámenes fueran liberados y pudieran ser tratados por el pleno de la Cámara alta.
Con el acuerdo otorgado esta tarde, Catania y Galván Greenway quedaron en condiciones de asumir como camaristas, lo que permitirá completar parcialmente la integración de un tribunal que venía funcionando con vacantes sensibles. Solo resta que el presidente Javier Milei firme el decreto de designación.
Traspaso de competencias penales a la Ciudad
Tras la aprobación de los acuerdos judiciales, el Senado le dio luz verde por amplia mayoría de 44 votos a favor y 21 en contra a los convenios para avanzar con el traspaso de la justicia penal juvenil y de nuevas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.
Los acuerdos, firmados en julio por el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, forman parte del proceso de transferencia de competencias desde la órbita nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad, en línea con el reconocimiento constitucional de la autonomía porteña.
Los dos proyectos fueron sometidos a una sola votación y el rechazo estuvo centrado en el kirchnerismo y en la voz de Jorge Capitanich (Chaco), quien fundó la postura de su bloque en la negativa a reconocer cualquier medidas que impliquen la ampliación de la autonomía porteña y su financiación con fondos nacionales.
Uno de los convenios establece que la Justicia porteña asumirá de manera exclusiva la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de la adopción de medidas de protección respecto de menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
Los convenios también prevén que, cuando un mismo caso involucre a menores y mayores de edad, la competencia quede concentrada en la Justicia de la Ciudad para evitar la fragmentación de la investigación.
El segundo convenio amplía la jurisdicción porteña sobre una serie de delitos, entre ellos aquellos vinculados con la libertad, el honor, la integridad sexual, la seguridad del tránsito y leyes especiales como propiedad intelectual.
La aprobación parlamentaria de estos instrumentos representa un nuevo paso en la consolidación del mapa judicial de la Ciudad, aunque su implementación plena dependerá de las instancias administrativas y presupuestarias previstas para concretar el traspaso.
