SANTIAGO, Chile.– El Senado chileno aprobó en la madrugada del jueves una ambiciosa reforma económica impulsada por el gobierno del conservador José Antonio Kast, que apunta a dinamizar la inversión y acelerar el crecimiento, pero que enfrenta un fuerte rechazo de la oposición de izquierda, que la considera regresiva y perjudicial para las finanzas públicas.
La iniciativa, que ahora deberá ser ratificada por la cámara de Diputados —donde los bloques de derecha cuentan con mayoría—, fue avalada cerca de las 3:00 (hora local), tras una extensa sesión marcada por tensos cruces entre oficialismo y oposición.
“Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al término de la votación, en línea con el argumento central del Ejecutivo: que la rebaja de impuestos y la mayor certidumbre jurídica generarán condiciones más atractivas para la inversión.
“Es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble”, sostuvo Quiroz.
El corazón de la reforma es una reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, que pasará del 27% al 23%, acercándose así al promedio de los países desarrollados. El gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la competitividad y fomentar la llegada de capitales.
Sin embargo, la oposición advierte que el costo fiscal será significativo. “Cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado”, cuestionó durante el debate la senadora Beatriz Sánchez, una de las voces más críticas del proyecto.
Además, la iniciativa contempla un régimen de estabilidad tributaria por 20 años para inversiones superiores a los 350 millones de dólares, un punto que el oficialismo defiende como clave para atraer grandes proyectos, pero que sus detractores consideran un beneficio excesivo para grandes empresas.
Otro de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de reembolsar inversiones a compañías cuyos permisos ambientales sean revocados por la Justicia. Para el gobierno, se trata de una garantía necesaria frente a eventuales cambios regulatorios, mientras que para la izquierda, implica trasladar riesgos privados al Estado.
En ese contexto, el oficialismo celebró la aprobación en la Cámara alta. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que “estamos convencidos de que Chile volverá a crecer y somos conscientes de que este es uno de los temas por los cuales un 58% de la ciudadanía respaldó al hoy Presidente José Antonio Kast. Por eso, vamos a responder a esa confianza con resultados concretos”. Añadió que se trata del “primero de muchos proyectos” del gobierno y llamó a avanzar en acuerdos amplios y transversales para futuras iniciativas.
En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, destacó que el proyecto “ya pasó la segunda valla más importante” y que está cada vez más cerca de convertirse en ley. Subrayó que las medidas permitirán recuperar el crecimiento y generar empleo, al afirmar que “para muchas personas va a significar tener esperanza de que va a volver Chile a crecer y con eso se van a generar miles de empleos, que es lo que los chilenos están esperando”.
Por su parte, el senador de la UDI, Javier Macaya, calificó la jornada como “histórica” y aseguró que el país no daba “un paso tan relevante en materia de crecimiento” desde hace décadas. Sostuvo que la reforma permitirá mejorar el clima económico, atraer inversión y recuperar la confianza internacional, al considerar que abre la oportunidad de “volver a levantarse después de muchos años de mediocridad”.
Tensión política y escepticismo social
El debate se produce en un contexto de creciente tensión política y dudas sobre el rumbo económico del país. Según la encuestadora Cadem, el 56% de los chilenos se manifiesta en desacuerdo con la rebaja de impuestos corporativos, lo que refleja un escepticismo social frente a los beneficios de la reforma.
A la vez, la popularidad del presidente Kast muestra una tendencia descendente, en paralelo a una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento. El propio gobierno ajustó su proyección de expansión anual desde el 4% al 3,5% hacia 2030, lo que refuerza la urgencia de medidas que impulsen la actividad, según el oficialismo.
En las calles, las opiniones también aparecen divididas. “No vale mucho la pena. Aunque pueda haber más inversión, igual es importante que el Estado tenga recursos para salud, educación y otros beneficios”, señaló Ariela Jofré, una ayudante de cocina de 21 años en Santiago.
Organismos internacionales siguen de cerca el proceso. El Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó que la reforma podría contribuir a dinamizar el crecimiento, aunque advirtió que también podría generar presiones sobre las cuentas fiscales si no se compensa con otras medidas.
Agencias AP y AFP
