WASHINGTON.- Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado por “error” desde Estados Unidos a su país, donde estuvo preso en la infame cárcel de máxima seguridad del régimen de Nayib Bukele, denunció haber sufrido severas palizas, privación severa del sueño y tortura psicológica en esa instalación penal, según documentos judiciales presentados el miércoles por sus abogados.
Los documentos, presentados ante el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, donde vive Ábrego García, detallan una serie de horrores que, según los abogados de Ábrego García, este sufrió mientras estuvo recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), y se convierten así en el primer testimonio de una persona que logró salir de esa megacárcel inaugurada a principios de 2023.
“El demandante Ábrego García denuncia haber sido sometido a graves maltratos a su llegada a Cecot, incluyendo, entre otros, fuertes palizas, privación severa del sueño, nutrición inadecuada y tortura psicológica”, declararon sus abogados en el expediente, en el que precisaban que el salvadoreño perdió 14 kilos en sus dos primeras semanas allí.
Según el expediente, Ábrego García afirmó que lo patearon y golpearon con tanta frecuencia tras su llegada al Cecot que al día siguiente tenía moretones y bultos visibles por todo el cuerpo. Y relató que él y otros 20 salvadoreños también deportados de Estados Unidos fueron obligados a arrodillarse toda la noche y que los guardias golpeaban “a quien se caía de cansancio”.
Ábrego García vivía en Maryland cuando fue deportado por “un error administrativo” y se convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Los nuevos detalles del encarcelamiento de Ábrego García en El Salvador se añadieron a una demanda contra el gobierno de Trump que su esposa presentó en un tribunal federal de Maryland tras su deportación.
El gobierno de Trump solicitó a un juez federal de Maryland que desestime la demanda, argumentando que ahora es irrelevante porque el gobierno lo devolvió a Estados Unidos según lo ordenado por el tribunal.
En 2019, un juez de inmigración estadounidense prohibió la deportación de Ábrego García a su natal El Salvador, ya que probablemente enfrentaría persecución allí por parte de pandillas locales que lo habían aterrorizado a él y a su familia. El gobierno de Trump lo deportó a pesar de esa orden, una decisión que posteriormente calificó de “error administrativo”. Desde entonces, Trump y otros funcionarios han redoblado sus afirmaciones, sin pruebas, de que Ábrego García pertenecía a la pandilla MS-13.
El 15 de marzo, Ábrego García fue deportado a El Salvador y enviado a la megaprisión del país.
“Bienvenido al Cecot. El que entra aquí no sale”, le dijo un funcionario cunado lo recibió en la cárcel de máxima seguridad ubicada a las afueras de San Salvador, según los abogados.
En los nuevos documentos judiciales, Ábrego García afirmó que los detenidos en el Cecot “estaban confinados en literas metálicas sin colchones, en una celda abarrotada, sin ventanas, con luces brillantes encendidas las 24 horas y un acceso mínimo a servicios sanitarios”. Según los abogados, al salvadoreño “se le negó el acceso al baño y se ensució encima”.
Según el relato, los funcionarios de la prisión le habían advertido repetidamente a Ábrego García que lo trasladarían a celdas con pandilleros que lo destrozarían. El migrante contó que vio a otros detenidos en celdas cercanas agredirse violentamente y escuchó gritos durante toda la noche.
El senador norteamericano Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, visitó a Ábrego García en El Salvador en abril. El legislador indicó que el salvadoreño le informó que lo habían trasladado de la megaprisión a un centro de detención con mejores condiciones.
El gobierno de Trump continuó enfrentando una creciente presión y una orden de la Corte Suprema para que lo devolviera a Estados Unidos. Cuando el gobierno acató esa orden el mes pasado, fue para que Ábrego García enfrentara cargos federales de tráfico de personas en Tennessee.
Aunque la descripción del migrante coincide con lo que se sabe sobre la megaprisión, los más de 200 venezolanos que fueron enviados al Cecot en el mismo grupo fueron colocados en un bloque de celdas distinto, lo que no deja claro si estaban sometidos a condiciones diferentes.
Los documentos se presentaron a la jueza Paula Xinis, quien había emitido la orden inicial en abril en la que ordenaba al gobierno de Donald Trump que “facilitara” la liberación de Abrego Garcia de El Salvador.
Los nuevos documentos presentados parecían socavar las acusaciones de que era miembro de la MS-13, así como un señalamiento concreto hecho por el propio presidente Trump de que sus tatuajes indicaban que pertenecía a la pandilla.
Los documentos señalan que los funcionarios de prisiones salvadoreños reconocieron que Ábrego García “no estaba afiliado a ninguna pandilla” y reconocieron que sus tatuajes “no estaban relacionados con las pandillas”. Incluso le dijeron, según sus abogados: “Tus tatuajes están bien”.
Casi desde el momento en que Ábrego García regresó a suelo estadounidense, hay una fuerte incertidumbre sobre su futuro.
El salvadoreño se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades federales en Nashville, donde es juzgado por una acusación federal que lo señala de haber participado en una conspiración de un año para contrabandear migrantes indocumentados como miembro de la violenta pandilla callejera MS-13.
Una jueza federal en Tennessee dictaminó que Ábrego García puede ser liberado, bajo ciertas condiciones, mientras espera su juicio por los cargos penales. Sin embargo, lo mantuvo en prisión por ahora a petición de sus propios abogados por temor a que sea deportado nuevamente tras su liberación.
Los abogados de Ábrego García reiteraron este miércoles su petición a Xinis de que emita una nueva orden que prohíba efectivamente que lo expulsen del país hasta nuevo aviso.
Gran parte de la confusión surge de las declaraciones ambiguas —e incluso contradictorias— del gobierno de Trump y de lo que parecen ser opiniones enfrentadas del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional sobre cómo llevar el caso.
La fiscala general, Pam Bondi, anunció en una conferencia de prensa el 6 de junio que Ábrego García había sido devuelto a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de contrabando de migrantes e insistió en que solo sería expulsado una vez concluida su causa penal. “Una vez cumplida su condena”, dijo, “prevemos que será devuelto a su país de origen, El Salvador”.
Pero la semana pasada, un abogado del Departamento de Justicia introdujo un nuevo giro. Durante una audiencia celebrada en Maryland, el abogado Jonathan Guynn le dijo a Xinis que el gobierno tenía previsto expulsarlo de nuevo, pero no a El Salvador, sino a un tercer país del cual no se dio el nombre.
En los próximos días se celebrarán dos audiencias —una en Maryland y otra en Tennessee— que ayudarán a determinar qué ocurrirá con Ábrego García.
Agencias AP y The New York Times
