El gobierno británico afirmó este viernes que tiene “derecho” a explotar el petróleo y el resto de los recursos naturales del área de las Islas Malvinas, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.
La respuesta británica llega luego de que el presidente Javier Milei enviara al Congreso un proyecto que endurece las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas.
La iniciativa prohíbe el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires y eleva la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.
La Casa Rosada también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró este viernes la Cancillería británica en un comunicado.
“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto.
Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas.
Como había anticipado LA NACION, la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.
A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
“En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.
Con información de AFP
