Uno de los principales interrogantes que dejó el proyecto del Gobierno para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) es por qué, si elimina los mecanismos de financiamiento monetario al Tesoro, mantiene la posibilidad de intervenir en el mercado secundario de títulos públicos, una herramienta que algunos economistas consideran que también podría traducirse en una forma indirecta de asistencia al fisco.
Para el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, la diferencia no está en el instrumento, sino en su finalidad. “Eliminamos herramientas que tienen naturaleza fiscal, pero no queremos atar las manos del Banco Central para hacer política monetaria”, respondió ante la consulta de LA NACION.
Según explicó Werning, la reforma parte de una distinción entre instrumentos cuyo único propósito es financiar al Tesoro —como los Adelantos Transitorios, las Letras Intransferibles o la distribución de utilidades contables— y herramientas de política monetaria que utilizan los bancos centrales para administrar la liquidez del sistema financiero, intervenir frente a episodios de volatilidad o implementar su política monetaria. “Las que buscamos eliminar son las que contribuyen a la dominancia fiscal. Las que no eliminamos son las que contribuyen al equilibrio monetario”, resumió.
Werning sostuvo que la reforma no solo modifica instrumentos, sino también los incentivos bajo los que opera la autoridad monetaria. El proyecto endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA, de modo que puedan rechazar eventuales pedidos de financiamiento del Tesoro sin quedar expuestos a una remoción discrecional por parte del Poder Ejecutivo. “Reducimos la vulnerabilidad que tiene el directorio a ese tipo de demandas”, afirmó.
A partir de ese nuevo esquema institucional, el vicepresidente de la autoridad monetaria sostuvo que las herramientas de mercado abierto podrán utilizarse exclusivamente con fines monetarios. Incluso reconoció que durante 2022 y 2023 algunas operaciones de liquidez terminaron utilizándose para sostener el mercado de deuda en pesos. Recordó que el BCRA llegó a garantizar a los bancos que participaban de las licitaciones del Tesoro que luego podrían vender esos títulos a la autoridad monetaria. “Eso es un abuso de una herramienta de liquidez”, señaló. A su juicio, el problema no era el instrumento en sí, sino haberlo utilizado para financiar al fisco y no para cumplir con el mandato monetario.
El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso elimina los Adelantos Transitorios, restringe el giro de utilidades al Tesoro y propone cancelar el stock de Letras Intransferibles mediante resultados contables no distribuibles, con el objetivo de sanear el balance de la autoridad monetaria. Al mismo tiempo, moderniza el artículo referido a las operaciones de mercado abierto y preserva la posibilidad de operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros para administrar la liquidez y ejecutar la política monetaria.
De acuerdo con el último Informe de Política Monetaria, el BCRA considera que esos cambios contribuirán a dotar de mayor previsibilidad a la política monetaria al eliminar potenciales fuentes de expansión monetaria asociadas al financiamiento del Tesoro. La entidad sostuvo además que el saneamiento del activo fortalecerá su capacidad para cumplir el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda.
Para fundamentar la necesidad de la reforma, Werning presentó una serie de estimaciones sobre el costo que tuvo el financiamiento monetario del déficit durante las últimas dos décadas. Según el BCRA, entre 2003 y 2023 la inflación acumulada rondó el 50.000%, mientras que el denominado impuesto inflacionario implicó una pérdida patrimonial equivalente a US$390.000 millones para las familias. “La inflación también es un fenómeno donde las familias son sus principales víctimas”, afirmó.
El funcionario también estimó que, en ese mismo período, el Banco Central sufrió un deterioro patrimonial de US$553.000 millones, equivalente al 85% del PBI, como consecuencia de los distintos mecanismos utilizados para financiar al Tesoro. De ese total, atribuyó US$116.000 millones a las Letras Intransferibles, US$142.000 millones a los Adelantos Transitorios, US$113.000 millones a la distribución de utilidades contables, US$43.000 millones a otros mecanismos de asistencia y US$138.000 millones al costo de esterilizar la emisión monetaria.
