El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político en su contra precipitado luego del colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin posibilidad de acceder a su dinero. El mandatario, que el jueves al mediodía presentó su renuncia pero permanece en el puesto luego de que el Congreso no aceptara la misma, indicó que presentarse esta mañana a las 10 -como está estipulado- resulta “insuficiente” para garantizar los estándares de un Estado de derecho.
Peña presentó una nota con este pedido al presidente del Congreso, Basilio Núñez. Allí habló de la notificación que recibió para formular su defensa y aseguró no contar con la antelación necesaria.
“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, indicó el aún presidente.
“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, agregó luego en un posteo en la red social X.
Horas más tarde, mientras el Senado se disponía a iniciar la sesión para tratar su caso, el todavía mandatario insistió en redes sociales sobre el pedido de prórroga.
“Junto con mis abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia”, escribió Peña en su cuenta de X, acompañando una imagen suya junto a sus defensores.
Al respecto de la prórroga, Basilio Núñez, a quien Peña dirigió el pedido, declaró en conversación con Radio Mitre que la decisión política tiene un plazo de 12 horas, porque el país no puede estar “con un Parlamento que funcione en piloto automático”.
“No hay una cabeza. Por un lado, un presidente que su función es más para defenderse, ya renunciante; por otro lado, un vicepresidente de la República que podría ejercer ese cargo. Entonces vamos a continuar, probablemente, con el juicio político hoy a las 10 de la mañana”, agregó.
Núñez también remarcó que la postura mayoritaria busca acelerar la definición institucional para brindar tranquilidad a la población y anticipó que la tendencia es rechazar el pedido: “Somos 45 senadores. Si 23 me dicen ‘tenemos que continuar’, uno está sujeto a esa mayoría; queremos cortar esto de raíz”. Además, estimó que si se mide el clima en la Cámara alta, la destitución del mandatario se aprobaría por unanimidad.
El juicio político contra Peña se precipitó luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someterlo a destitución, tras desestimar un pedido similar contra el vicepresidente Pedro Alliana. Horas antes, una reunión bicameral destinada a tratar la renuncia presentada por el mandatario fracasó por falta de quorum, lo que impidió su salida y habilitó a la Cámara alta a avanzar y a designar a los fiscales acusadores.
El colapso financiero y la crisis política
La crisis institucional se desencadenó a partir de la intervención del Banco Central del Paraguay al Ueno Bank, tras detectar una grave insuficiencia de capital y un pronunciado deterioro en sus índices de solvencia. La medida congeló las operaciones del banco y dejó sin acceso a sus depósitos a casi tres millones de ahorristas —cerca de la mitad de la población del país—.
Además, se bloquearon unos US$850.000.000 en fondos administrados por la entidad, de los cuales cerca de US$380.000.000 corresponden al Instituto de Previsión Social — que administra fondos jubilatorios—.
El escándalo escaló al plano político por los vínculos del mandatario con el grupo económico al que pertenece la firma, de la que fue accionista hasta 2025, sumado a que había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de la entidad que renunció esta semana.
Por este motivo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña para determinar eventuales responsabilidades en la supervisión de la entidad y en la asignación de recursos públicos, al tiempo que en la Cámara de Diputados argumentó la existencia de un conflicto de intereses y la vulneración de la confianza pública.
Pese a que el Ejecutivo promulgó una ley para fijar la devolución de fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles, la respuesta institucional no frenó el malestar social: por tercera noche consecutiva, cerca de 5000 manifestantes se concentraron ante el Congreso en Asunción y en localidades como Ciudad del Este para protestar; allí se registraron choques con las fuerzas de seguridad.
Este escenario derivó en la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y en el quiebre del apoyo del oficialista Partido Colorado, cuyo titular, Horacio Cartes, respaldó el juicio político. Aunque Peña presentó formalmente su dimisión para desactivar el juicio político, la falta de quorum en la sesión bicameral impidió aceptar su salida. Ahora deberá afrontar el juicio.
