MADRID.— El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó este lunes la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y le dio un plazo de 30 días para adoptar medidas que permitan recuperar la normalidad en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. El dirigente del Partido Popular (PP) advirtió que, si no obtiene una respuesta, recurrirá a otras instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, además de las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las instituciones europeas.
“Vamos a recurrir a otras instancias del Estado, tenemos la obligación de hacerlo, a las Cortes Generales, al poder judicial, a las Comunidades Autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, por supuesto, a Europa. A quien haga falta, porque no nos vamos a rendir”, afirmó Vivas durante una comparecencia extraordinaria en el palacio de la Asamblea.
El presidente ceutí, que lleva más de 25 años al frente de la ciudad y que hasta ahora había mantenido una relación de cooperación con los distintos gobiernos centrales, acusó al Ejecutivo socialista de una “pasividad casi absoluta” y de haber intentado “maquillar la realidad” al sostener que la situación había recuperado la normalidad en las primeras 48 horas posteriores a la llegada masiva.
Según Vivas, más de 70.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, aunque las cifras oficiales difundidas en las últimas semanas sitúan el movimiento en más de 72.000 personas. La gran mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero entre 5000 y 8000 migrantes permanecen todavía en el enclave, según distintas estimaciones.
“Normalidad solamente puede lograrse mediante el regreso a Marruecos de todos los que, de manera ilegal, perturbaron el orden y entraron en nuestra ciudad”, sostuvo Vivas, quien cuestionó además que las autoridades no hayan informado con precisión cuántas personas continúan en Ceuta ni cuántos expedientes de devolución o expulsión fueron iniciados.
El dirigente del PP anunció que su intención es trasladar personalmente la situación a las máximas autoridades judiciales españolas, si aceptan recibirlo. En concreto, mencionó a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. “El poder judicial es la piedra angular del Estado de Derecho. Ceuta vive un estado de excepción”, afirmó.
Vivas también deslizó críticas más profundas hacia la estrategia de La Moncloa y llegó a plantear la posibilidad de que detrás de la falta de respuesta exista una intención política. “Hasta la caída definitiva [de Ceuta]”, dijo. El presidente ceutí reclamó además una mayor colaboración de Marruecos para reforzar el control fronterizo y facilitar los retornos.
El presidente ceutí insistió en que no se trata únicamente de una emergencia migratoria, sino de una cuestión de seguridad, convivencia, servicios públicos e integridad territorial. “Los ceutíes no nos vamos a rendir; el gobierno es una parte muy importante del Estado, pero no es todo el Estado”, afirmó.
En su cuenta de X, compartió una imagen de un equipo de fútbol que sostiene una bandera con la inscripción: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. En la publicación agregó un texto con una analogía al partido deportivo y aseguró que: “Sabemos resistir y sé que ganaremos este partido con firmeza, dignidad y unidos”.
“Tenemos que pensar en los ceutíes”
El Gobierno central, entretanto, comenzó a ampliar su dispositivo de acogida. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este lunes la habilitación de cuatro centros de atención humanitaria y acogida temporal con capacidad para unas 1500 personas que ingresaron irregularmente durante la crisis. La medida se produjo en paralelo al enfrentamiento político entre Madrid y el Ejecutivo ceutí.
La cuestión de los alojamientos es uno de los principales puntos de fricción. Vivas se opone a utilizar determinados espacios propuestos por el gobierno central para realojar a los migrantes y sostiene que algunos se encuentran en zonas céntricas y generan rechazo entre los vecinos. Su Ejecutivo asegura que no cuestiona todos los emplazamientos planteados, pero rechaza específicamente la utilización de la denominada Fábrica de Harinas, un inmueble propiedad del Ministerio de Defensa.
“Hay emplazamientos con los que los vecinos no están de acuerdo. Debemos pensar en los inmigrantes, pero tenemos que pensar en los ceutíes, ¿o es que los ceutíes no tenemos derechos?”, argumentó Vivas.
La disputa se trasladó también al terreno sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta este domingo y reclamó al gobierno local que habilitara espacios adecuados para garantizar condiciones de salubridad y una atención sanitaria controlada. García negó que el sistema sanitario estuviera colapsado, aunque reconoció que se encontraba bajo presión. Según sus datos, los servicios médicos atendieron a unas 5800 personas en 15 días, con alrededor de 300 consultas diarias.
Profesionales de la salud de Ceuta denunciaron agotamiento y presión sobre los servicios, mientras García advirtió de un riesgo epidemiológico moderado entre la población migrante y bajo para los residentes. La ministra también rechazó asociar automáticamente migración y enfermedad y calificó de injustos y xenófobos los discursos que vinculan ambos fenómenos.
Vivas respondió acusando a García de “desviar el foco” y rechazó que la ciudad necesite recibir “lecciones de humanidad”. “Si hay un territorio donde la gente sufre como propio el sufrimiento de otros, con independencia del origen de la persona, es Ceuta y los ceutíes. Lecciones ninguna”, afirmó.
La situación humanitaria sigue siendo uno de los principales desafíos. Cientos de migrantes que permanecen en la ciudad participaron el domingo en una protesta en la playa de El Trampolín para reclamar asilo y rechazar su devolución a Marruecos. Muchos de ellos permanecen en condiciones precarias, durmiendo al aire libre o en asentamientos improvisados mientras esperan una respuesta sobre su situación. Los manifestantes exhibieron banderas españolas y carteles con mensajes como “No queremos volver a Marruecos” y “También somos humanos”.
Entre los migrantes hay ciudadanos marroquíes, pero también personas procedentes de países como Nigeria, Senegal y Bangladesh, algunas de las cuales aseguran haber llegado a España huyendo de conflictos, persecuciones o situaciones económicas adversas. Las autoridades españolas advirtieron que quienes ingresaron irregularmente no podrán permanecer en Ceuta ni trasladarse a la España peninsular, salvo en casos excepcionales vinculados a situaciones de especial vulnerabilidad.
El pasado viernes, mientras Marruecos mantiene presión sobre su frontera, las autoridades detuvieron a al menos 111 personas que intentaban dirigirse hacia Ceuta, después de que en redes sociales circularan nuevos llamamientos a realizar otro cruce masivo. España también reforzó su dispositivo de seguridad en el enclave con más de 500 agentes adicionales.
Agencias ANSA y Reuters y diario El País
