El oficialismo se encamina esta noche a aprobar en Diputados un proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos, en busca de desactivar uno de los frentes políticos más sensibles para el gobierno de Javier Milei.
Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y del peronismo.
Con la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado al frente de las conversaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba la megasesión de este miércoles.
En un giro inesperado, Machado, junto a su par libertaria Giselle Castelnuovo, activaron el diálogo con representantes de UP, entre ellas, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever la intención de una parte de Unión por la Patria de respaldar el dictamen si se tomaban en cuenta una serie de cambios.
La bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que termina por recoger los reclamos del colectivo de discapacidad, quienes esta tarde expresaron su aval a la propuesta oficialista.
Hasta ayer, el sector todavía se inclinaba por la prórroga de la emergencia en discapacidad que apuntalaba el bloque UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda.
Los cambios
Entre las modificaciones más resonantes el proyecto establece por ley los requisitos, que hasta el momento era dispuestos por el Poder Ejecutivo, para acceder a las pensiones por discapacidad. Entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
El texto también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.
Otro de los puntos centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones, este último un reclamo expreso de Pro.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. Asimismo, garantiza la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto del presupuesto.
El misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Argentina Federal, fue el encargado de capitalizar todos los reclamos en un dictamen que presentó ante el recinto y en el que plasmó los aportes que él mismo había conseguido incorporar a la iniciativa original de LLA. A estos se sumaron nuevas concesiones durante la tarde, que terminaron por inclinar la balanza a favor del Gobierno.
Al momento de presentar su dictamen, Herrera Ahuad envió un mensaje al Gobierno y le reclamó que se comprometa a retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que incluye una serie de derogaciones y modificaciones contrarias a la iniciativa que venían impulsando las principales figuras legislativas del oficialismo: Menem, Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.
En concreto, el proyecto presupuestario propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este fue uno de los reclamos más reiterados durante el debate por los bloques más críticos, que exigieron al Ejecutivo dar marcha atrás con las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.
“Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, advirtió la diputada Sabrina Selva, al reclamar la eliminación expresa de los artículos cuestionados.
Presión de la Iglesia
Según pudo saber LA NACION, autoridades del Episcopado se reunieron ayer a última hora con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.
La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.
La presión se hizo aún más evidente este miércoles cuando la Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad tras los contactos que mantuvo con los distintos legisladores, en la que expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.
