El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Guillermo Horacio De Sanctis, fue internado de urgencia este viernes por la mañana en la Clínica Castaño tras sufrir un episodio cardíaco. Fuentes oficiales confirmaron que el cuadro responde a una arritmia detectada en las primeras horas del día, motivo por el cual se resolvió su ingreso inmediato para una evaluación más exhaustiva. El magistrado permanece en observación y, hasta el momento, no se ha difundido un parte médico oficial.
La noticia generó una inmediata reacción en ámbitos institucionales y políticos, ante la relevancia del cargo que De Sanctis ocupa dentro del Poder Judicial provincial. Con una extensa trayectoria y reconocido peso específico en el máximo tribunal, su estado de salud es seguido con atención por funcionarios, legisladores y referentes del sistema judicial.
Este episodio se produce en un contexto particularmente sensible para el Poder Judicial sanjuanino. A comienzos de este año, el fallecimiento del fiscal general Eduardo Quattropani supuso una pérdida de alto impacto institucional. Ahora, la internación de De Sanctis renueva las inquietudes sobre la estabilidad del cuerpo judicial en su conjunto.
El magistrado ya había atravesado complicaciones de salud en el pasado. En 2020 fue sometido a una cirugía de columna de alta complejidad, con una recuperación prolongada. Desde entonces, habría continuado con dolencias físicas que, según diversas fuentes, afectaron parcialmente su movilidad.
En paralelo, trascendió que el ministro evaluaba la posibilidad de acogerse al beneficio jubilatorio antes de finalizar el año. De acuerdo con versiones no oficiales, cumpliría con los requisitos legales para hacerlo, y la decisión estaría en etapa avanzada. Aún se desconoce si el episodio actual podría modificar esos plazos.
En este escenario, desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de que la Corte de Justicia brinde información clara y precisa sobre la situación del magistrado. Más allá del respeto por la intimidad personal, se argumenta que la transparencia en casos que involucran a autoridades de los poderes del Estado constituye un deber institucional ineludible.
