El Gobierno puso en marcha un nuevo módulo del Sistema de Gestión Electrónica Contrat.AR para centralizar de manera digital todos los procesos de licitación y concurso público vinculados con la privatización de empresas estatales, según lo dispuesto por las leyes 27.742 y 23.696. La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial (BO), mediante una disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que depende de la Jefatura de Gabinete.
El módulo, denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, permitirá tramitar en forma electrónica operaciones como la venta de activos de empresas, la colocación de acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos en funcionamiento, así como concesiones, licencias y permisos. También contemplará modalidades como la locación o administración de activos con o sin opción de compra.
La iniciativa forma parte del proceso de reforma del Estado establecido en la Ley Bases, que declaró sujetas a privatización a un conjunto de empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional.
Hasta ahora, el Gobierno inició el proceso para desprenderse de su participación accionaria en cuatro empresas estatales: la compañía de servicios de agua y cloacas AySA, los ramales del tren Belgrano Cargas, la transportista eléctrica Transener y la compañía de servicios aéreos en tierra Intercargo.
También avanzó con la licitación de concesiones por peaje de algunas autopistas y rutas operadas por Corredores Viales, así como con proyectos para construir, operar y mantener nuevas líneas de alta tensión, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema eléctrico.
Según la reciente resolución, los procesos deberán regirse por principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Por ejemplo, la ONC estableció que todas las personas o empresas interesadas en participar en las licitaciones y concursos públicos vinculados a las privatizaciones deberán inscribirse y validarse previamente como usuarios externos en el módulo correspondiente de Contrat.AR.
El trámite de inscripción incluye la presentación de documentación y declaraciones juradas sobre la habilidad para contratar con la administración pública, la elegibilidad y la identificación de los beneficiarios finales. Asimismo, se aprobó un modelo de acta para designar al “Administrador Legitimado” que representará oficialmente a cada participante.
En el caso de las privatizaciones que impliquen concesiones de obras, infraestructura o servicios públicos regulados por la Ley 17.520, se utilizará el mismo procedimiento de inscripción que fue aprobado en noviembre de 2024 mediante la disposición ONC Nº 84. Esto significa que quienes ya estén registrados bajo esa norma podrán participar en el nuevo módulo sin necesidad de realizar nuevamente el trámite.
La resolución también unifica requisitos y sustituye documentos previos para estandarizar la información exigida a los interesados. Se estableció la aplicación directa de las políticas, términos y condiciones ya vigentes en el sistema Contrat.AR al nuevo módulo específico para privatizaciones.
Con este paso, el Poder Ejecutivo busca agilizar y transparentar el proceso de venta o concesión de activos estatales, según indicó, centralizando toda la operatoria en una plataforma digital que permita seguimiento en línea y acceso abierto a la información para todos los interesados.
