En otro gesto de distensión en medio de una semana que se avecina «complicada», por la marcha universitaria del miércoles próximo y el posible anuncio de un paro general del transporte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibe desde hace minutos en la Casa Rosada a la mesa chica de la CGT con el objetivo de avanzar en una agenda de diálogo que permita alcanzar consensos en temas como reforma laboral o en la devolución de los fondos de las obras sociales.
La delegación cegetista la integran los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña -Pablo Moyano, con una postura más confrontativa, está ausente con aviso-, Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), y Jorge Sola (Seguros), entre otros.
A la comitiva sindical también se sumó a último momento Roberto Fernández, el jefe de la UTA, uno de los referentes de los gremios del transporte que, apalancados por el conflicto en Aerolíneas Argentinas (AR), avanzaron con la amenaza de un paro del sector para el 17 de octubre con el aval de los espacios más duros de la central obrera que se enrolan detrás del líder camionero y del kirchnerismo. Además, participa de la reunión el dirigente Daniel Ricci, de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios que convocaron a la marcha del próximo miércoles en contra del anunciado veto presidencial a la ley que aumenta el presupuesto de las universidades.
“Negociamos con varios por la ley de democracia sindical, no solamente con el Gobierno, con el Congreso pero no con (Martín) Tetaz, que tiene bastante aversión al movimiento obrero”, reconoció Andrés Rodríguez esta mañana a FM FuturoRock
La cita tiene un objetivo indisimulable para el Ejecutivo: atemperar el ímpetu confrontativo de los gremios del transporte y de un sector alineado al kirchnerismo que busca hacer sentir en la calle el malestar social por el aumento inusitado de la pobreza y la embestida del Gobierno contra empresas públicas, como AR.
Desde el sindicalismo harán hincapié en el histórico planteo por los fondos de las obras sociales y buscarán también que se complete la reglamentación de la reforma laboral incorporada en la Ley bases limitando el alcance de las sanciones impuestas a los trabajadores que participen de bloqueos o tomas de establecimientos.
Es que la norma sancionada por el Congreso definió ese tipo de protestas como causal de despido justificado, pero el Ejecutivo optó por dejar el artículo fuera de la reglamentación ante la falta de acuerdo entre la posición de los sindicalistas que pedían suavizar su aplicación y la presión empresaria por ir a fondo con la medida.
