En medio de la tensión con Venezuela por el secuestro del gendarme Nahuel Gallo y a un día de que Nicolás Maduro asumo por otro período, el Gobierno acelera las gestiones para intentar cambiar la sede del sudamericano Sub 20 que se llevará adelante en ese país desde el 23 de enero próximo.
Las tratativas las está llevando adelante la Cancillería y el Ministerio de Seguridad, las áreas que manejan Gerardo Werthein y Patricia Bullrich respectivamente. Desde esas áreas le pedirán a la Conmebol que maneja Alejandro Domínguez que reconsidere la sede del torneo Sub 20. Se basan en cuestiones de seguridad de la comitiva argentina y los riesgos que podrían sufrir vinculado a la detención del gendarme Nahuel Gallo.
El miércoles, Bullrich habló de la situación: «Esto nos ha llevado a pensar y estamos trabajando un protocolo para que tengan claro cuáles son los lugares a los que un miembro de una fuerza de seguridad o un argentino corre riesgo. ¿Nuestra Selección Sub 20 puede ir a Venezuela, no los pueden tomar de rehenes?», afirmó la ministra.
Y agregó: «Es una decisión porque después de lo que nos pasó no sabemos lo que nos va a pasar. ¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. ¿Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar?».
Es en ese contexto que se dan los movimientos sobre la Conmebol. Más allá de las intenciones oficiales, lo cierto es que la AFA el jueves confirmó que la Argentina participará del torneo en la sede que confirme o designe la entidad que maneja Alejandro Domínguez. Las sanciones para los equipos que se dan de baja de un campeonato oficial son severas.
El Gobierno de Uruguay, según indicó la agencia internacional española EFE, tampoco está de acuerdo con que el Sudamericano Sub 20 se dispute en Venezuela.
En este contexto, más allá que no hubo una reunión formal convocada por la Conmebol, la responsable del torneo reconoció que se encuentra «monitoreando» la situación en el país sede. Su intención no es modificar nuevamente, ya que tuvo que hacerlo a mediados de diciembre en medio de un escándalo por la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano, a quien se lo investiga, junto a otros 16 dirigentes, por corrupción y lavado de activos.
En la Cancillería que comanda Werthein consideran que el riesgo es «enorme» si se mantiene la sede y que además es un forma de «premiar a la dictadura de Maduro».
En paralelo, el Gobierno amplió la denuncia ante la Corte Penal Internacional por el secuestro y «desaparición forzada» de Nahuel Gallo.
La semana pasada fue la presentación que también tuvo un correlato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional», sostuvieron en un comunicado.
Ahora agregaron más datos y evidencia de la detención ilegal sobre el gendarme argentino.
