El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso en los próximos días y que apunta a modificar regulaciones históricas en sectores sensibles de la economía. Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario.
La iniciativa es trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En la cartera que conduce Federico Sturzenegger aseguran que el texto ya está redactado. “Hay que tener las cosas escritas para cuando haya una reunión y surja la oportunidad”, sostienen.
Según pudo saber LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo, se trata de medidas orientadas a modificar el decreto-ley de cabotaje (19.492), de farmacias (17.565) y de corredores inmobiliarios (25.028).
Apuntan a reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas. Por fuera de este paquete, el Gobierno también evalúa enviar la derogación de la ley de etiquetado frontal, una norma resistida por parte de la industria alimenticia.
Uno de los capítulos centrales del texto apunta a la navegación y el cabotaje en los ríos argentinos. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que avanzaba sobre la apertura del transporte fluvial a buques extranjeros.
Actualmente, se reserva el cabotaje nacional a embarcaciones argentinas, con tripulación local y oficiales nativos. El proyecto apuntaría a habilitar barcos extranjeros a que operen como si fueran naves locales y puedan realizar cabotaje interno mediante permisos temporarios de hasta 180 días renovables.
En la Casa Rosada sostienen que la apertura del mercado reduciría costos logísticos y mejoraría la competitividad exportadora, especialmente en provincias del norte del país. En el decreto resistido por el Congreso se quiso, además, declarar a la navegación comercial como servicio esencial y obligar a garantizar una prestación mínima del 75% durante conflictos sindicales.
Otro de los cambios sensibles impactaría sobre la comercialización de medicamentos. Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica. El Gobierno pretende flexibilizar ese esquema y permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y comercializarse fuera de las farmacias.
La iniciativa habilitaría la venta de, por ejemplo, analgésicos y antiácidos en otros establecimientos comerciales y ampliaría la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio. El objetivo oficial es eliminar la exclusividad de la farmacia física como único canal de expendio para determinados productos.
Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación. Sin embargo, algunos artículos fueron suspendidos cautelarmente por la Justicia tras planteos de entidades farmacéuticas, por lo que el Gobierno busca ahora consolidar esas modificaciones mediante una ley.
El paquete también incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La ley actual exige un título universitario y matrícula habilitante para ejercer como corredor o martillero público. La reforma que analiza el Gobierno eliminaría esos requisitos y permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
En el Ministerio de Desregulación sostienen que la matriculación obligatoria funciona como una barrera de entrada que encarece las operaciones y restringe la competencia. La intención es eliminar la obligatoriedad de los colegios profesionales y reducir los costos de intermediación que hoy afrontan compradores y vendedores. El oficialismo considera que la apertura del mercado podría facilitar las transacciones y ampliar la oferta de servicios.
Por fuera de ese paquete, el Gobierno también analiza avanzar contra la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal. La norma, sancionada en 2022, obliga a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, además de leyendas precautorias por cafeína y edulcorantes.
Según pudo saber LA NACION, existe una fuerte presión de sectores de la industria alimenticia para derogar o modificar la legislación. En la cartera que conduce Sturzenegger argumentan que el Mercosur no tiene criterios uniformes de etiquetado y que las empresas deben adaptar envases y packaging según el país de destino, lo que incrementa costos logísticos y de producción.
Remarcan que Uruguay y Brasil cuentan con sistemas distintos al argentino. Mientras Uruguay utiliza octógonos con parámetros diferentes, Brasil aplica otro mecanismo de advertencias nutricionales y focaliza sus alertas principalmente en azúcares y grasas. La Casa Rosada considera que esa falta de homogeneidad regional afecta la competitividad de las empresas que operan en varios mercados del bloque.
Se trata de medidas de alto impacto económico y político que supondrán duras negociaciones para el Gobierno en el Congreso, donde varias de las reformas ya enfrentaron resistencias judiciales, sectoriales y parlamentarias en sus intentos anteriores.
