El Gobierno se prepara para publicar un decreto que incluye, entre otros puntos, la disolución, fusión y transformación de organismos públicos claves en materia de movilidad y transporte.
La premura reina en el entorno de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dado que el próximo 8 de julio vencen sus facultades delegadas.
Según pudo averiguar LA NACION, se procederá con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Trásito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Todavía no hay fecha precisa de publicación, pero restan tres días hábiles para que venza el plazo mencionado. Los cambios planteados, entonces, estarían prontos a publicarse.
En esa línea, se prevé la absorción de las funciones de las entidades mencionadas en diversos organismos y cuerpos de seguridad, como la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Transporte de la Nación y la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, a crearse a partir del nuevo decreto.
Acorde a lo que argumentan fuentes oficiales, esto se debe a una superposición de tareas entre las entidades a eliminar y la Secretaría de Transporte. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial coordina programas de prevención de accidentes de tránsito, tareas similares a las que desempeña la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Transporte Automotor.
En una línea similar está la decisión de disolver la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual se encarga de fiscalizar talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos de transporte de pasajeros y cargas y supervisar operadores de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, entre otras funciones.
La CNRT fue foco de varios cambios en los últimos años, que redujeron sus funciones prácticas. Por ejemplo, en 2019 se le asignó a la Subsecretaría de Transporte Automotor atribuciones que se superponen con las de la CNRT, según el Gobierno, y los decretos 830/24 y 883/24 redefinieron el régimen de transporte de pasajeros, eliminando participación de la CNRT en varios aspectos.
En línea con la eliminación de organismos del Estado, el Gobierno incluiría en este decreto la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La entidad se había creado con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional y era la encargada de implementar el sistema de scoring, gestionar los registros nacionales de licencias, antecedentes de tránsito y estadísticas de seguridad vial y actuar de manera complementaria con las distintas jurisdicciones en materia de control de tránsito.
Según la Ley N°24.449, tanto la ANSV como la Gendarmería Nacional se encargan del control de infracciones de tránsito y rutas en espacios de dominio público nacional. A su vez, la ANSV fiscaliza tránsito, pero no si es transporte de carga o pasajeros, función que le corresponde a la CNRT.
La intención es unificar toda la operatoria en un único ente. De esta manera, la Gendarmería Nacional absorberá las tareas de prevención, control, fiscalización y comprobación de infracciones del transporte terrestre en todo el territorio nacional (en jurisdicción nacional), en las Áreas de Control Integrado (ACI) y en los Pasos Internacionales (PI).
Se argumenta que la Gendarmería Nacional tiene la capacidad para ejecutar las funciones de prevención y control de tránsito en base a su estructura operativa y los resultados obtenidos en los últimos años.
En cuanto a los convenios vigentes de la ANSV, serían absorbidos por la Secretaría de Transporte, misma dependencia que se encargará del diseño y dictado de cursos de seguridad vial que antes llevaba adelante la Agencia.
En los próximos tres días hábiles deberían publicarse los textos que oficialicen estas modificaciones. Uno de ellos, incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, objetivo al que apunta el Gobierno desde hace tiempo.
La estructura de Vialidad cuenta con 5304 empleados, de los cuales 1500 son jerárquicos, según publicó LA NACION en marzo de 2025.
Conforme a la información que obtuvo este medio, será el Ministerio de Economía —o quien éste designe— el encargado de otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas víales así como servicios públicos de transporte terrestre una vez la entidad sea disuelta.
En cuanto a los montos líquidos, las Letras del Tesoro sin destino específico y los títulos públicos que estén bajo la órbita de Vialidad, serán transferidos a las cuentas designadas por la Tesorería General de la Nación. La planta de empleados será mantenida con sus cargos y unidades organizativas vigentes de manera temporal.
El decreto prevería una restructuración de su conformación y estructura organizativa. Los créditos presupuestarios, recursos financieros, compromisos y obligaciones serían transferidos también al Ministerio de Economía, cartera que sería ahora la encargada de la manutención del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias.
Para las tareas de fiscalización y control de los contratos de concesión, ya sea de obras viales como de las líneas ferroviarias y servicios de transporte público de jurisdicción nacional, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte.
La nueva entidad sería la autoridad de aplicación de las normativas relacionadas a fiscalizaciones de concesiones terrestres y la cual perciba y fiscalice el cobro de tasas, derechos y aranceles relacionados.
Entre tanto, se procedería también a la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, la cual se encargaría únicamente de la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos de aviación civil y ya no de automotores. Por otro lado, se confirmaría su cambio de denominación para llamarse ahora Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
