El Gobierno oficializó este miércoles una nueva tanda de designaciones en la Justicia. Entre los nombres más salientes figura el del exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien se convirtió en el titular del juzgado de Lomas de Zamora donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.
Las designaciones, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanzan a cinco áreas distintas de la Justicia nacional y federal.
En el fuero penal federal, además de Rodríguez Ponte, fue designado para integrar un Tribunal Oral Federal de San Martín. Bernardo María Rodríguez Palma.
El nuevo bloque de nombramientos sigue a la prórroga por cinco años que obtuvo el camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien falló a favor del gobierno de Javier Milei al suspender la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El Gobierno ha exhibido distintos criterios para hacer uso de la facultad de extender por cinco años las magistraturas de aquellos jueces que cumplen 75 años.
El camarista Martín Irurzun, por caso, debió dejar la Cámara Federal de Comodoro Py tras alcanzar esa edad este fin de semana.
Pesino y el juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, sí obtuvieron la renovación de sus cargos.
Rodríguez Ponte
El Gobierno oficializó así la designación de Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, donde tramita y atraviesa instancias clave la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.
En la causa acaba de concluir un largo peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte que complicó a Insaurralde. Además, el expediente entró en estado de ebullición con el video que dio a conocer LA NACION de Cirio mostrando un vestidor repleto de dólares.
Rodríguez Ponte también intervendrá en otra causa delicada: la que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas, en cuyo centro está el empresario Ariel Vallejo, de vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia.
Rodríguez Ponte es un funcionario bien considerado en el mundo judicial. Creció profesionalmente en el juzgado de Lijo y, desde 2016, es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), un organismo técnico que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas judiciales.
El cargo lo convirtió también en representante del Poder Judicial ante organismos internacionales en materia de lavado de dinero. Fue parte de la delegación argentina que viajó a París para afrontar la evaluación -finalmente favorable- del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por los países y organismos de mayor peso en el mundo.
Apadrinado por su antiguo jefe, Lijo, Rodríguez Ponte llegó a un juzgado por el que había concursado hacía más de una década. En ese mismo concurso participó Ana Juan, secretaria de la Cámara y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, ella finalmente se impuso en la competencia por un juzgado de Hurlingham, donde quien quedó en el camino fue Diego Arce, actual secretario de Lijo.
