El gas que se importa por barco siempre fue más caro que el que se extrae de los pozos locales. Es una regla que se repite invierno tras invierno en la Argentina. Pero esta vez la diferencia se disparó a niveles excepcionales, empujada por la guerra en Medio Oriente. Para que ese salto no se sienta de golpe en la factura, el Gobierno eligió administrarlo con una estrategia ya conocida: aplanar la curva, el mismo esquema que usa YPF desde hace tiempo para dosificar en el tiempo las subas de la nafta y el gasoil.
La respuesta llegó con la resolución 167/2026, que modifica la forma en que se calculan las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), el mecanismo que traslada a la tarifa el costo real del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Hasta ahora, ese ajuste tenía una lógica estacional, concentrada en los meses de invierno, cuando más gas hay que importar. Desde los cuadros tarifarios de agosto, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) lo calculará e incorporará cada dos meses, de forma pareja durante todo el año.
El objetivo es evitar lo que en la Secretaría de Energía llaman el “doble efecto estacional”: que la suba del consumo y la suba del precio del gas importado golpeen la factura al mismo tiempo, en pleno invierno.
“Para dar más previsibilidad y estabilidad al consumidor, tratamos de que la factura sea lo más plana posible, haciendo que las diferencias se reflejen con mayor periodicidad y menos estacionalidad”, había explicado semanas atrás la secretaria de Energía, María Tettamanti.
El mecanismo de fondo no cambia. El usuario sigue pagando, tarde o temprano, la diferencia entre el gas local y el importado. Lo que se modifica es la frecuencia, para licuar el impacto en cuotas más chicas y espaciadas, en lugar de una suba concentrada. Es una lógica similar a la que usa YPF para trasladar a los surtidores el costo del petróleo. En vez de convalidar de inmediato cada suba internacional, reparte el ajuste en el tiempo, aunque eso implique reconocer esa diferencia más adelante.
El gas que se produce en la Argentina cuesta en invierno alrededor de US$4 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector) en boca de pozo. El que hay que importar en barcos de gas natural licuado (GNL) llegó a cotizar US$23 en las últimas semanas, castigado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del estrecho de Ormuz.
Con la ampliación del gasoducto Perito Moreno —el ex Néstor Kirchner— en pleno funcionamiento, el Gobierno espera necesitar menos GNL en los próximos inviernos. De los 23 buques que se importaron este año, la cifra podría bajar a entre 10 y 11 el año próximo. “A partir del año que viene necesitaremos menos y la compra debería quedar en manos del sector privado, que debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”, dijo Tettamanti. Para el litoral, Córdoba y el NOA, sin embargo, la solución de fondo pasa por una obra que todavía no tiene licitación ni financiamiento definido y que, si arrancara hoy, demandaría al menos un año y medio.
Mientras tanto, las facturas de julio tuvieron aumentos 3,01% en gas a nivel nacional y 1,5% en electricidad en el AMBA. El Gobierno, además, prorrogó para julio la bonificación extra del 25% en gas para los usuarios más vulnerables y elevó la de electricidad del 11,97% al 16,59%. “De modo que los usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses de alto consumo debido al frío”, señalaron fuentes oficiales.
A eso se suma otro frente. En mayo, Diputados dio media sanción a un proyecto que recorta el régimen de “zonas frías”, que hoy subsidia el gas natural en 11 provincias, incluida la de Buenos Aires. El texto, que todavía debe pasar por el Senado, persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones. Elimina el subsidio automático para los usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país y lo mantiene sin filtro de ingresos solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe, aunque con una cobertura menor, ya que deja afuera los costos de transporte y distribución.
El proyecto también habilita al Ejecutivo a modificar el recargo que financia el fondo fiduciario del gas, crea un esquema para saldar deudas eléctricas con Cammesa, extiende beneficios para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero.
