Dos días después de los graves incidentes en la marcha de jubilados frente al Congreso, el Gobierno presentó este viernes una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida Democrática y asociacion Ilícita agravada, en la que apunta contra dos intendentes K y un dirigente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo.
En la presentación también pidió que se aparte de la causa a la jueza Karina Andrade, quien horas después de los incidentes ordenó la liberación de 114 detenidos.
En la denuncia de 10 páginas que se conoció este viernes, el ministerio que conduce Patricia Bullrich apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
«La organización de la movilización, destinada -según lo informado por diversos medios periodísticos- a “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”, implicaría la participación de los intente dentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización», señala la presentación.
Al justificar el pedido de apartamiento de la jueza, la presentación señala que «se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia» por haber liberado a todos los detenidos.
«Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», sostiene la denuncia, y solicita que se disponga la «declaración de incompetencia por el sistema de ‘inhibitoria procesal’, ya que los hechos allí investigados son un conjunto de acciones directamente relacionadas con los tipos penales ahora denunciados».
En el texto dan cuenta de la publicación en medios periodísticos de que grupos organizados habrían pagado $ 50.000 a quienes participaban de la movilización para «provocar disturbios enfrentando a la policía y generar represión».
La cartera que conduce Bullrich también hizo referencia en la denuncia que recibieron llamados en la línea 134 «de varias personas que, al ver las imágenes de la movilización en los medios, denunciaron haber reconocido a ‘barras brava’ de diversos clubes (Tigre, Nueva Chicago) a quienes conocen por concurrir a la cancha desde hace muchos años, expresando que esas personas tienen contacto y trato constante con políticos que concurrieron a la movilización en forma organizada y con armas«.
Además, y después de dar cuenta de los daños a patrulleros y motos policiales y de los agentes heridos, la presentación firmada por Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, hace referencia a la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, que se encuentra en grave estado por la fractira de cráneo que sufrió tras el impacto de una posta de gas lacrimógeno policial, y a la jubilada cuyo video se viralizó al caer al piso después de un golpe de un agente.
«El fotógrafo Pablo Grillo, que se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía, fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo», precisa la denuncia.
Y suma, sobre la jubilada: «Hay grabaciones de video donde se observa a una mujer mayor de edad que con un objeto contundente (aparentemente, un palo), golpeaba por detrás reiteradamente a un policía que giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo. La señora fue trasladada a un hospital, pero enseguida fue dada de alta».
