El Gobierno impulsará un proyecto de ley en el Congreso para que las nuevas inversiones en rutas no paguen impuestos, como parte del nuevo esquema con el que busca trasladar al sector privado una mayor participación en el desarrollo de la infraestructura vial. La iniciativa contemplará una exención de tributos nacionales y buscará sumar también los provinciales y municipales, para lo que necesitará el acompañamiento de gobernadores e intendentes.
El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición en el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad. “Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, afirmó.
A la salida del encuentro, ante una consulta de LA NACION, Caputo aclaró que el Gobierno enviará un proyecto de ley para instrumentar el beneficio. El ministro sostuvo que la reducción de la carga tributaria permitirá generar mayores incentivos, abaratar las inversiones y acelerar las obras. “Creo que va a ser un empuje enorme para el sector privado, pero va a ser extraordinario para todo el país”, afirmó, y anticipó que generará “muchísima reactivación” y “muchísimo trabajo”.
La iniciativa estará vinculada con el plan oficial para avanzar sobre otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Caputo señaló que el Gobierno comenzará próximamente con un primer bloque de 6000 kilómetros y recordó que, en paralelo, la Nación está transfiriendo corredores a algunas provincias mediante acuerdos que, según el caso, pueden incluir financiamiento. El ministro vinculó la posibilidad de avanzar con el nuevo esquema con el orden de las cuentas públicas: “Son las ventajas que da el equilibrio fiscal”.
El anuncio llega después de un fuerte repliegue del Estado nacional de la inversión vial y la discusión que se generó en las últimas semanas. Como publicó LA NACION, en base a datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) cayó este año al nivel más bajo en tres décadas. El organismo dispone en 2026 de unos $563.000 millones, un 79% menos en términos reales que en 2023. El ajuste también alcanzó al mantenimiento de la red: los recursos destinados a ese fin son alrededor de 70% inferiores a los de tres años atrás.
El recorte presupuestario convivió, además, con recursos de afectación específica que no terminaron volcándose íntegramente a las rutas. Una investigación de LA NACION reveló que el SisVial, que recibe una porción del impuesto a los combustibles, recaudó más de $1,5 billones durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei, pero aplicó $394.406 millones a obras. Al cierre de mayo mantenía más de $1 billón colocado en títulos públicos y plazos fijos.
El cambio de modelo se aceleró en los últimos meses con el avance de las concesiones y los traspasos a las provincias. El Gobierno adjudicó recientemente unos 9000 kilómetros de corredores nacionales mediante contratos por 20 años que trasladan al sector privado buena parte de las tareas de mantenimiento, conservación y operación. El giro ocurre mientras los propios indicadores oficiales muestran el deterioro de la red: el 57,5% de los kilómetros relevados por Vialidad se encuentra en estado malo o regular.
