El Gobierno declaró secreto militar las operaciones contractuales para adquirir equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar el procedimiento y exceptúa esas actuaciones de las disposiciones sobre publicidad y difusión.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, alcanza las adquisiciones identificadas en un expediente de esa cartera. Sin embargo, el texto publicado no especifica qué materiales o equipos se comprarán ni detalla el alcance de las operaciones.
Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuyo contenido debe quedar restringido a personas autorizadas. La justificación oficial es que la divulgación de información sobre la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
El decreto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además de la normativa que regula el secreto militar. Esta última contempla entre los asuntos alcanzados por esa figura las adquisiciones de material, las negociaciones y los trámites vinculados con ellas.
En su artículo primero, la norma declara secreto militar las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente. El segundo artículo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a adoptar los actos necesarios para instrumentar la medida.
“El secreto militar es una herramienta prevista en la legislación para proteger información sensible de la defensa nacional. Los países resguardan este tipo de información como parte de sus políticas de defensa. En determinadas adquisiciones, divulgar características técnicas, capacidades o condiciones de empleo puede comprometer la eficacia de los sistemas y la seguridad del personal”, argumentaron fuentes oficiales consultadas por LA NACION. Y añadieron: “Su aplicación a una adquisición no implica un cambio en la posición argentina sobre Malvinas. El reclamo de soberanía se sostiene por medios pacíficos y diplomáticos, conforme al mandato constitucional”.
El antecedente del programa de los F-16
Semanas atrás, el Gobierno había ampliado el régimen de secreto militar aplicado al programa de incorporación de los aviones de combate F-16 que la Argentina compró a Dinamarca. Mediante el Decreto 735/2026, publicado en agosto, estableció medidas para proteger la información vinculada con la eventual salida del país de componentes del sistema de armas para tareas de mantenimiento, reparación y actualización.
La decisión abarcó distintos materiales relacionados con los 24 cazas adquiridos, entre ellos partes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento y otros equipos asociados. El objetivo era permitir que determinados componentes pudieran enviarse temporalmente al exterior sin comprometer información considerada sensible.
El programa de los F-16 ya había sido alcanzado por otras medidas de secreto militar. En abril de 2024, el Gobierno declaró secreta la operación contractual para adquirir el sistema de armas; en septiembre de ese año, extendió el régimen a las obras de infraestructura necesarias para recibir los aviones y a la importación de materiales sensibles. En diciembre, incorporó también las operaciones contractuales para adquirir equipos y capacidades complementarias.
El nuevo Decreto 1205/2026, publicado este lunes, establece otra declaración de secreto militar para operaciones contractuales de adquisición de equipamiento de Defensa, pero no identifica en su texto público los bienes involucrados ni señala que correspondan al programa de los F-16.
