El Gobierno anunció este lunes un acuerdo con Aeropuertos Argentina para extender la concesión de 35 aeropuertos, que actualmente vence en 2038. El nuevo plazo llegará hasta 2049 y podría ampliarse hasta 2056 si la empresa acredita que dispone de US$600 millones para inversiones adicionales y cumple con las condiciones previstas para ejecutar las obras. La renegociación también contempla el cierre de los reclamos entre el Estado y la compañía por los desequilibrios acumulados desde la pandemia.
En Aeropuertos Argentina dijeron a LA NACION que se trató de una negociación “intensa”, pero evitaron hacer comentarios sobre los puntos del acuerdo difundidos por el Gobierno. La compañía pertenece al holding Corporación América Airports, propiedad de Eduardo Eurnekian, y opera la red desde 1998.
Según informó la Secretaría de Transporte, que conduce Mariano Plencovich, la recomposición económica de la concesión requiere agregar 11 años al plazo vigente, hasta el 13 de febrero de 2049. A esa extensión se sumarían otros siete años, destinados a permitir la amortización de una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido. Este segundo tramo no será automático: quedará sujeto al cumplimiento de dos condiciones.
La primera exige que, antes del 30 de junio de 2027, la empresa presente un informe de una firma internacional de auditoría que acredite la disponibilidad de los fondos para las obras. La segunda establece que el 75% de esas obras deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031. El comunicado oficial no precisó qué aeropuertos recibirán las inversiones ni cómo se distribuirá el dinero entre los distintos proyectos.
La distinción entre ambos tramos de la prórroga es uno de los puntos centrales del anuncio. El Gobierno sostuvo que los primeros 11 años responden a la necesidad de recomponer el equilibrio económico y financiero del contrato, afectado por la pandemia y por las proyecciones utilizadas cuando se acordó la última extensión, en 2020. Los siete años restantes están vinculados específicamente con el nuevo compromiso de inversión. El acuerdo también prevé metas obligatorias de obras para sostener la calidad y la seguridad del servicio ante el crecimiento proyectado del tráfico aéreo.
En el comunicado, Transporte presentó el resultado como producto de una “álgida renegociación” y afirmó que privilegió la extensión del plazo por sobre “aumentos tarifarios o limitación de inversiones”, alternativas que, según su interpretación, habrían tenido un mayor impacto sobre los usuarios y el servicio. Esa formulación no implica, por sí sola, que el contrato establezca un congelamiento general de las tasas aeroportuarias: ese alcance deberá verificarse en el texto del acta acuerdo.
La tasa interna de retorno (TIR) utilizada como referencia para recomponer la concesión quedó en 14,3%, de acuerdo con la información oficial. El Gobierno subrayó que no se trata de una rentabilidad garantizada ni de una obligación de compensar automáticamente a la empresa si no alcanza ese resultado. Sostuvo, además, que Aeropuertos Argentina había pretendido una TIR cercana al 17%, vinculada con la evolución del riesgo país y exigible contractualmente al Estado. La compañía no hizo comentarios sobre esa descripción de sus planteos.
El Gobierno también afirmó que la empresa había solicitado inicialmente una extensión de 40 años, hasta 2078, sin una obligación contractual de realizar inversiones adicionales por montos mínimos. Según la misma versión, Aeropuertos Argentina buscó incorporar a la renegociación una cláusula para que las inversiones previstas recibieran tratamiento bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), algo que finalmente no fue incluido.
El plazo potencial de 2056 coincide con el vencimiento que contemplaba un preacuerdo trabajado durante la gestión anterior del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que no llegó a aprobarse. Aquel borrador abría, además, la posibilidad de una nueva prórroga hasta 2066. La actual conducción del organismo descartó ese esquema y retomó las conversaciones sobre otras bases. En las semanas previas, la falta de un acuerdo había dejado en suspenso una nueva etapa de inversiones por más de US$600 millones, según fuentes del sector.
El nuevo compromiso es adicional al plan de aproximadamente US$606 millones asociado con la prórroga de 2020, que la compañía estaba próxima a completar. Hasta ahora, el Gobierno no difundió el detalle de las obras que integrarán la nueva inversión, un dato necesario para establecer cuándo comenzarán, cuáles serán prioritarias y cómo se controlará su avance.
La renegociación también busca poner fin a la disputa judicial. Según el comunicado oficial, Aeropuertos Argentina deberá desistir de la demanda iniciada en 2023 por la alteración de la ecuación económica del contrato. El Estado, la empresa y sus accionistas acordaron no formularse nuevos reclamos por hechos anteriores al acta ni por las consecuencias de la pandemia, con una excepción acotada para determinadas revisiones de inversiones de períodos previos.
El Gobierno sostuvo que ese cierre permitirá reducir potenciales pasivos para el Estado y dar previsibilidad a las inversiones aeroportuarias. Quedan por conocerse el texto completo del acuerdo, el listado de proyectos y el cronograma que convertirá el compromiso anunciado en obras concretas.
