Dos semanas después del anuncio del Presidente por cadena nacional, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas. La iniciativa, que reavivó las tensiones con el Reino Unido, ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados para comenzar a ser tratada en las respectivas comisiones.
En concreto, la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo tiene por objeto endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales propios en el entorno de Malvinas de forma ilegítima y generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta. Asimismo, busca “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Así, establece un régimen sancionatorio a fines de “prevenir, sancionar y desalentar aquellas actividades que impliquen un aprovechamiento de los recursos naturales sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina”.
Como había anticipado LA NACION, la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
Multas y prisión
El proyecto de ley contempla penas para compañías y personas jurídicas que van desde multas equivalentes a 4000 a 500.000, la cancelación o suspensión de las habilitaciones, hasta una inhabilitación por un plazo de entre cinco y 20 años.
En los casos más gravosos, que comprenden a actividades de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental Argentina, establece penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años.
Consejo de Seguridad
Por otro lado, crea el Sistema de Seguridad Nacional, en busca de dotar al Estado de un marco institucional permanente “que articule y coordine las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional, así como aquellas vinculadas a la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional”.
En esa línea, uno de los principales puntos del proyecto es justamente la creación de un Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector del sistema, encargado de la conducción, coordinación y supervisión de la política de seguridad.
El organismo, que ya había sido anticipado por el propio Milei, estará presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado; y la titular de la Secretaría Legal y Técnica.
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