Por presuntas “irregularidades en su gestión” detectadas por auditorías llevadas a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, el Gobierno resolvió disolver el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).
El mecanismo estaba destinado al financiar obras de ampliación del Sistema de Transporte de Energía, “siempre que sea en alta tensión”, a través de un recargo de 0,0006 $/kWh abonado por los consumidores.
El Decreto 234/2025 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, argumentó que en el FFTEF encontraron distintas irregularidades en el cumplimiento de reglamentos, en la asignación de fondos, en cuestiones operativas, en la contratación de personal y en la ejecución de gastos, entre otras.
