El Gobierno defendió este viernes ante LA NACION el articulado de la ley de Malvinas que propone penas para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. Esta parte de la iniciativa despertó alarmas en la oposición y en constitucionalistas, que mencionaron la posibilidad de que se use como una herramienta de persecución a la prensa o de control político interno.
La propuesta de la gestión de Javier Milei -que tiene múltiples advertencias por ataques a la libertad de expresión- propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para poder sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Según el Gobierno, con este apartado se busca dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a cualquier influencia extranjera. Dicen fuentes oficiales que en la legislación actual no hay “herramientas suficientes” para atacar ese problema.
“La ley Malvinas estipula que tiene que haber una campaña de desinformación general y masiva, y además debe acreditarse que esa campaña fue financiada y por cuenta de un Estado o actor extranjero. No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa, queremos protegernos de la influencia externa”, dijo ante la consulta de este medio una fuente del Gobierno que tiene injerencia en el tema.
“Se debe acreditar judicialmente que existe una campaña organizada que está siendo pagada, ejecutada y coordinada por influencia extranjera. Se busca el ejercicio soberano, que no seamos víctimas, y protegernos frente a las campañas de desinformación. Nos acusan de querer perseguir a los periodistas, pero bajo ningún concepto es así”, afirmaron desde la Casa Rosada.
Dentro del propio gobierno hay funcionarios que aseguran estar dispuestos a escuchar las propuestas de la oposición y de los especialistas que permitan “acotar” o “precisar” esta parte del articulado. “Seguro es perfectible”, dijeron, ante las objeciones.
Especialistas que hablaron con LA NACION ayer refirieron que la letra de la iniciativa es tan amplia que podría derivar en persecución política y hasta censura previa. En la Casa Rosada lo niegan y acusan “mala intención” de los críticos de la ley.
Quien se subió a la polémica este viernes fue el estratega Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto que el Gobierno mandó al Congreso. “No hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista. Los que se oponen son agentes ingleses”, dijo el asesor principal del Presidente.
Los dichos de Caputo refirieron a un mensaje del economista oficialista Federico Domínguez, que se manifestó en igual sentido que las fuentes en off de la Casa Rosada que hablaron con LA NACION.
“Publicar información falsa es inmoral, pero no es un delito. Diferente es ejecutar en la Argentina una operación de desinformación financiada y dirigida desde el exterior. Eso sí es un delito y atenta contra la seguridad nacional”, dijo Domínguez para defender la ley y fue avalado por Caputo.
