El Gobierno declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en el partido bonaerense de 9 de Julio y en cuatro circunscripciones de Necochea. La resolución 1850/2026, que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, comprende el período entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de este año y busca habilitar los beneficios previstos en la legislación vigente para las explotaciones afectadas.
La decisión fue publicada a partir del análisis de la situación provincial realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El organismo evaluó el decreto 1270, firmado por el gobierno bonaerense el 31 de agosto pasado, y recomendó reconocer la emergencia en las áreas delimitadas por la provincia.
Según la resolución, quedan comprendidas las explotaciones agropecuarias afectadas por inundaciones en todo el partido de Nueve de Julio y en las circunscripciones II, III, IV y XII de Necochea.
La medida se encuadra en la ley 26.509 y sus modificatorias, que establece mecanismos de asistencia para los productores afectados por fenómenos naturales adversos. La declaración nacional permite avanzar con los procedimientos necesarios para que los establecimientos alcanzados puedan solicitar los beneficios contemplados en esa normativa.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la fecha de cierre del ciclo productivo para las explotaciones incluidas. El Ministerio de Economía determinó que será el 31 de octubre de 2026, en línea con lo establecido en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto reglamentario 1712, del 10 de noviembre de 2009.
Para acceder a la asistencia, los productores deberán cumplir con un requisito administrativo específico: deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires, en el que conste que sus predios o explotaciones están comprendidos en los casos previstos por el artículo 8° de la ley 26.509.
El documento será la acreditación necesaria para tramitar los beneficios. Por eso, el reconocimiento de la emergencia no reemplaza la presentación del certificado, sino que establece el marco para que los productores alcanzados puedan gestionar la asistencia correspondiente.
La resolución también asigna responsabilidades al gobierno bonaerense: la administración provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, junto con una copia de los certificados de emergencia emitidos por la autoridad competente.
A su vez, el Ministerio de Economía dispuso que las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adopten las medidas necesarias para que los productores comprendidos puedan acceder a los beneficios contemplados en los artículos 22 y 23 de la ley.
Se establece expresamente esa obligación para las instituciones financieras y el organismo recaudador. La instrumentación de las medidas apunta a hacer efectiva la asistencia prevista para las explotaciones alcanzadas por la declaración.
Además, se instruye al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios y actos necesarios para ejecutar la medida, dentro de las competencias de esa dependencia.
La declaración nacional se produjo después de que la provincia de Buenos Aires presentara el decreto 1270/2026 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, durante la reunión realizada el 8 de octubre. Tras analizar la documentación, el organismo recomendó avanzar con el reconocimiento para las zonas afectadas, con el alcance solicitado por Buenos Aires.
