Gracias a la flamante Resolución 9/2025, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) le dijo «chau, pibe» a la traba que solo permitía usar equipos autorizados por ellos, y ahora cualquiera que tenga un aparatito certificado en Suiza, Noruega o algún país donde los políticos no se roban los cables del Congreso, puede producir este juguito fermentado con pretensiones.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado —nombre que suena a que puede convertir vino en agua, o viceversa, según quien pague más—, aseguró que esto era un «pendiente urgente». Claro, porque entre el dólar que se evapora, los salarios que desaparecen y el transporte que no llega porque hay paro, lo que más nos preocupaba a los argentinos era que el Malbec nos pegue menos que una charla TED de Milei.
Según explicaron, esta medida «fortalece la competitividad internacional». O sea: ahora vamos a poder exportar botellas de vino que no emborrachan, mientras importamos ministros que no gobiernan. Todo muy coherente.
Eso sí, para acceder a este beneficio, los productores tienen que presentar una declaración jurada, lo cual ya nos da un toque de realismo mágico: pedirle a alguien que fabrique vino sin alcohol y que, además, diga la verdad. Es como pedirle al Congreso que apruebe leyes sin choripanes.
El INV se reserva el derecho de hacer inspecciones para verificar que el vino desalcoholizado «mantenga las propiedades esenciales». O sea: que tenga color a vino, olor a vino, gusto a vino, pero no emborrache. O, como dicen en el Congreso, que parezca que laburan pero no hagan nada.
En resumen: en la tierra donde los políticos se toman todo menos en serio, el vino ahora será livianito, como el bolsillo del laburante. Y nosotros, fieles al espíritu nacional, vamos a seguir brindando. Aunque sea con agua con uva. ¡Salud!.
