MADRID.– El gobierno español aprobó este martes, en su primer Consejo de Ministros tras el receso de verano, un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y de asilo en línea con el nuevo pacto europeo, y por tanto las endurece y acelera los trámites para denegar el asilo y por tanto empezar a proceder a una posible expulsión.
Son reformas sobre las que Sumar hizo observaciones de nuevo, porque suponen un endurecimiento de la normativa, pero según el ministro del Interior están inspiradas en el “respeto a los derechos humanos” de los migrantes y en cualquier caso no evitan que haya un trámite individualizado para cada persona que entra irregularmente.
Marlaska recordó que España se opuso a las partes más duras del nuevo pacto de migración y asilo europeo, en especial la que abre la puerta a centros de deportación en terceros países, pero asegura que tiene que adaptar la normativa española a lo que dice la europea. Esta reforma estaba prevista antes de la crisis de Ceuta, pero políticamente es relevante que llegue a un Consejo de Ministros monopolizado por la inmigración y justo cuando la oposición está pidiendo un cambio de estas leyes para endurecerlas.
“El objetivo es adecuar la legislación española al pacto europeo sobre migración y asilo”, afirmó Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro aseguró que la reforma, que ahora empezará una lenta tramitación y tardará meses en ser aprobada en el Congreso, si es que logra los votos, permitirá incorporar la figura del triaje para los retornos, que es obligatorio para los Estados miembros. Y ha señalado que, “aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirán siendo 72 horas prorrogables solo por decisión judicial para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el triaje sobre el procedimiento fronterizo de retorno”. Esto es, pese al endurecimiento, la legislación española será más suave de lo que permite el reglamento europeo.
Las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros facilitarán “la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional”, aseguró Marlaska.
“La futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado que ha de estar resuelto en tres meses”, apuntó.
Y subrayó que los solicitantes a quienes se rechace su petición recibirán una notificación para abandonar el país. Así, ha sostenido que estas modificaciones legales también permitirán “la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad en nuestro país”.
Además, el Consejo de Ministros declaró “por primera vez en la historia” la situación de “interés para la seguridad nacional en Ceuta”, según explicó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y se ha formalizado la creación de un mando único que se encargará de gestionar la crisis que azota Ceuta desde la entrada masiva a nado de unos 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.
Lucha contra mensajes xenófobos
La reforma impulsada por el Ejecutivo incluye los preceptos del pacto europeo sobre migración “que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular a nuestras fronteras”, dijo Marlaska.
Al mismo tiempo, el ministro subrayó el “enfoque garantista” con respecto a los derechos humanos de los anteproyectos elaborados y ha asegurado que el Gobierno está trabajando con la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio para actuar contra los “grupos de extrema derecha” con discursos racistas y xenófobos.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de coordinar el mando único para la crisis de Ceuta, aprovechó su intervención para defender la gestión del Gobierno, que ha calificado de “acertada”, al tiempo que ha recordado que “decenas de miles de personas volvieron a Marruecos”.
También celebró la decisión del Ejecutivo en esta nueva fase en la que se ha aprobado la creación del comité para tomar el control de la situación en la ciudad autónoma. Y ha informado de que este martes el Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto en el que “se habilitan distintos recursos y espacios”, tanto de titularidad del Ejecutivo central como del Gobierno de Ceuta. Además, ha anunciado que ya se ha presentado el primer informe sobre la labor desempeñada por los distintos ministerios, que incluye acciones hechas y nuevas propuestas.
El responsable del mando único manifestó que “la prioridad del Gobierno de España es la devolución”, pero ha avisado de que actuarán teniendo en cuenta la ley. Así, ha aprovechado para reprocharle al líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que reclame la devolución de menores.
“Es una imprudencia, una temeridad y faltar a la verdad”, ha criticado. Y insistió en que la repatriación de niños y adolescentes conlleva un proceso que se debe hacer según fija la ley, al tiempo que recordó que la delegada del Gobierno en Ceuta fue condenada por las devoluciones que se realizaron en 2021.
Preguntada sobre si el Gobierno hizo alguna autocrítica en su gestión en Ceuta, la ministra portavoz y titular de Migraciones, Elma Saiz, aseguró que desde el Ejecutivo se actuó “con humildad”: “Dejándonos la piel, no hemos dejado de trabajar ni un solo momento”. Además, ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, aunque no ha detallado la fecha.
Seguridad nacional
Previamente a la reunión del jefe del Ejecutivo y sus ministros, Sánchez había convocado esta mañana al Consejo de Seguridad Nacional como un primer paso requerido desde el punto de vista legal para la constitución del mando único. Posteriormente, el Consejo de Ministros declaró la crisis de Ceuta un asunto “de interés para la seguridad nacional”.
La decisión se tomó casi un mes después del inicio de la crisis, algo que ha sido duramente criticado por la oposición. El presidente ceutí, del PP, pedía desde hacía semanas ceder el control y la gestión de la crisis al Ejecutivo central al verse desbordado por la situación.
La creación del mando único viene acompañada de la puesta en marcha de una serie de ayudas económicas que buscan revitalizar la ciudad autónoma, cuyos negocios se hvieron afectados tras la llegada de miles de migrantes. No obstante, el plan de recuperación ―que ampliará el actual ya en marcha y que suponía 180 millones de euros, según detalló el lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo― no ha sido aún acordado este martes en el Consejo de Ministros, pero se espera que se haga en las próximas semanas.
Un crédito de 25 millones para la acogida de menores
En el Consejo de Ministros también se aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros como apoyo a Ceuta para la gestión de la acogida de los menores no acompañados. Esta iniciativa se votará finalmente este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El ministro Torres ha pedido “responsabilidad” a las comunidades que asistirán a esa reunión donde se valorará el crédito.
El acuerdo recoge que con Ceuta podrá utilizar estos recursos para financiar los gastos de la atención inmediata y la acogida de los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados. Entre ellos, están contemplados los trabajos de información, orientación y apoyo psicosocial, escolarización, inserción sociolaboral y la inclusión social.
Ceuta también podrá sufragar los gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica o identificación de perfiles vulnerables. Por último, la ciudad autónoma podrá utilizar los fondos para pagar de la ampliación de plazas del sistema o los gastos asociados, como el de personal de atención.
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