El Gobierno llamó hoy a audiencia pública para el jueves 6 de febrero para debatir el nuevo esquema de ajuste tarifario en las boletas de gas. A través de la resolución 16/2025, el ente regulador del gas (Enargas) hizo la convocatoria formal, que es el primer paso antes de establecer una nueva fórmula de ajuste tarifario automático para el servicio que llevan adelante TGN, TGS, Naturgy y Camuzzi, entre otras empresas.
De esta manera, el Ministerio de Economía busca poner en marcha la revisión quinquenal de tarifas (RQT) de transporte y distribución de gas. Es un mecanismo por el cual se determinan las inversiones que tienen que hacer las empresas, por un lado, y se establece la fórmula de ajuste de las tarifas que el Estado tiene que cumplir. Es decir, se busca darles previsibilidad a las empresas y a los usuarios acerca de cómo serán los aumentos y con qué frecuencia se aplicarán.
La ley 24.076 que regula el servicio público de gas, reglamentada en 1992, establecía que esta revisión debía hacerse cada cinco años. Sin embargo, solo se implementó en dos ocasiones y nunca se cumplió. Es decir, en 32 años, jamás se llevó adelante. La primera vez se interrumpió luego de la crisis de 2001 y la segunda vez, durante los últimos años de gobierno de Mauricio Macri y los primeros de Alberto Fernández, tras la crisis cambiaria desatada y la consecuente aceleración inflacionaria.
Las empresas suelen destacar en las audiencias públicas que, a lo largo de más de 20 años, “debieron operar sin la vigencia del marco legal tarifario”. Señalan también que “los cambios en las reglas de juego y los congelamientos de tarifas afectaron la normal gestión del servicio público” y que “las inversiones se redujeron y la expansión del servicio se vio limitada”, según la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas).
Sin ir más lejos, el propio gobierno de Javier Milei suspendió de manera transitoria en mayo pasado los aumentos de tarifas para ayudar a reducir la inflación. Durante ese mes debía aplicarse una fórmula polinómica de ajuste mensual que habían diseñado los entes reguladores. El mecanismo estaba compuesto por la inflación mayorista (IPIM), el índice de salarios y la evolución de los costos de la construcción. En julio, el Ministerio de Economía volvió a habilitar los aumentos tarifarios, pero de manera discrecional y sin contemplar la fórmula de ajuste.
“La Audiencia Pública se celebrará el 6 de febrero de 2025 virtualmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se iniciará a las 9:00 horas, y la participación de los interesados será exclusivamente de manera virtual, conforme los considerandos del presente acto”, dice el artículo dos de la resolución.
El precio de las boletas de gas está compuesto por tres servicios más los impuestos. Reflejan el costo de producir o importar gas, que está subsidiado; el costo de transportar ese gas a los centros de consumo, y el de distribución, que permite que cada hogar tenga el servicio. Luego, alrededor de un 25% del precio final se explica por los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Los segmentos de distribución y transporte, que son los que se pondrán en consideración en la audiencia pública, no están subsidiados. En cambio, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 85% del costo de producir gas, mientras que los de ingresos bajos (N2), el 31%, y los hogares de ingresos medios (N3), el 38%.
En 2024, las boletas de gas subieron 531%, en promedio. En diciembre de 2023, un hogar de ingresos medios y altos (N1) del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagaba $2838 la boleta de gas, mientras que un año después, destinó $17.901, según el informe que realiza el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
