Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) fueron convocadas por la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) a una reunión este martes para avanzar hacia un consenso en torno a una ley de semillas. La reunión, prevista para las 11, forma parte de una serie de encuentros impulsados por el Gobierno para intentar acercar posiciones entre productores, obtentores y la industria semillera respecto de la protección de la propiedad intelectual y el uso de las nuevas tecnologías. En el encuentro, que se hará en la sede de la cartera de Agricultura, además de los funcionarios de ese organismo asistirán Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su equipo.
Según pudo saber LA NACION, la intención oficial es trabajar sobre los distintos proyectos y propuestas que actualmente están en discusión con el objetivo de construir una posición común. Aunque en el sector existe consenso sobre la necesidad de actualizar el sistema vigente, persisten diferencias en torno a la forma de proteger la innovación genética y la aplicación del derecho de uso propio por parte de los productores, algo clave por ejemplo en una autógama como la soja. La ley actual contempla el uso propio, es decir la facultad del productor de guardarse parte de la cosecha para usar al año siguiente como semilla.
Por el lado de la Mesa de Enlace, las entidades acercaron en marzo pasado una propuesta conjunta que plantea mantener el uso propio previsto en la legislación actual, aunque incorporando mecanismos que permitan reconocer y remunerar la inversión en mejoramiento genético. La iniciativa buscó convertirse en una posición de consenso de las organizaciones rurales para destrabar una discusión que lleva años sin resolución.
Lo hicieron tras la firma del acuerdo sobre comercio e inversiones con Estados Unidos, donde la Argentina se comprometió a la adhesión al Acta 1991 de la Unión de Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que apunta a un mayor reconocimiento de la propiedad intelectual para las empresas. La adhesión requiere el envío de un proyecto al Congreso y su reglamentación posterior. El tema cosechó opiniones encontradas de los diferentes sectores que integran la cadena.
La industria semillera también presentó una propuesta alternativa, aunque hasta el momento su contenido no fue difundido públicamente. El sector viene reclamando reglas más claras y herramientas más efectivas para la protección de la propiedad intelectual, bajo el argumento de que ello permitiría acelerar la incorporación de nuevas variedades y tecnologías al mercado argentino.
Todavía no está definido cuál será el instrumento normativo que finalmente se utilizará para avanzar con los cambios, según consideraron las fuentes al tanto de estos avances. Si bien algunos actores mencionan la posibilidad de una resolución, en distintos ámbitos también se analiza la alternativa de impulsar una nueva ley, una opción que permitiría abordar de manera integral los distintos aspectos vinculados a la propiedad intelectual en semillas.
A diferencia de otros encuentros, no asistirán algunos de los dirigentes de las entidades rurales como Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Lucas Magnano, presidente de Coninagro, y hasta el cierre de esta edición no estaba definida la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
Está previsto que participe Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto con técnicos de las distintas organizaciones. Por parte de Aapresid asistirían, en principio, Isabella Nardi y Mailen Saluzzio, mientras que también participarán representantes de Aacrea, ASA, la Secretaría de Agricultura y el Inase.
La convocatoria se produce de manera paralela al nuevo protocolo de control de identidad varietal en semillas que el Gobierno oficializó este lunes. En el sector destacan que se trata de dos discusiones diferentes: mientras la reciente resolución establece un mecanismo de monitoreo y fiscalización para verificar el uso de variedades protegidas a través del análisis de granos en los puntos de entrega, la reunión de este martes apunta a debatir un marco normativo más amplio y consensuado sobre propiedad intelectual, uso propio e incentivos para la incorporación de nuevas tecnologías en semillas.
