Voceros del Gobierno nacional admitieron sentir “alivio” por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó este viernes una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la ley de tierras. Lo hizo de urgencia, con dos conjueces y con un fallo dividido, que incluyó una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz.
En Balcarce 50 aseguraron que el fallo “descomprime” la amenaza de la oposición de avanzar el jueves próximo con una sesión en la Cámara de Diputados para voltear el DNU 70/23 (no solo el artículo 154). Esta iniciativa legislativa, orquestada por el PJ, la izquierda y un puñado de aliados del oficialismo, nació como reacción a la sentencia anterior del tribunal.
“Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene”, admitieron hoy fuentes de la Casa Rosada.
En la práctica, la Corte revirtió así los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada, cuando, invocando un motivo procesal, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que deroga entera la ley de tierras.
Ese fallo de la Corte, sorpresivo, en una causa que tenía para resolver desde hacía más de dos años, motivó muchas críticas, una inusual aclaración pública del tribunal. Con este nuevo fallo, la Corte ayudó al Gobierno a desactivar el desafío opositor.
Además de ese punto, en el Gobierno consideraron que la decisión de la Corte “deja totalmente zanjado un tema que ya estaba zanjado” en relación a la discusión que el Gobierno dio y perdió en el Congreso alrededor de la ley de tierras, en el que terminó quedando afuera de la discusión el capítulo que tenía que ver con la venta de tierras a extranjeros.
“Habíamos perdido esa batalla y quisimos dar vuelta de página. Esto va en ese sentido”, completaron en reserva las fuentes oficiales.
La discusión por la ley de tierras fue una de las que ameritó una suerte de autocrítica en la mesa política, que se reúne todos los martes en Casa Rosada.
En el Gobierno interpretaron que el fallo de la Corte podría complicar al peronismo en su intento de unificarse ante el año electoral. “Ellos [por el PJ] estaban jugando para voltear el decreto 70/23”, dijeron los voceros oficiales.
En la Casa Rosada descartaron “taxativamente” que hayan existido contactos con los jueces de la Corte por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la Corte hablaron de un “buen diálogo institucional con el Gobierno”, pero tampoco admitieron eventuales diálogos previos. “Venimos de un pedido de juicio político y ataque sistemático del exministro Martín Soria y del expresidente Alberto Fernández”, marcaron diferencias un vocero del máximo tribunal.
