El Gobierno logró una adhesión del 75% al canje de deuda que propuso para postergar el vencimiento de una letra ajustable por el dólar oficial (Lelink) que caía a fin de este mes e implicaba el 40% del total comprometido hasta aquí para esa fecha: $13,3 billones.
Se trata de un resultado muy auspicioso —venía de conseguir una aceptación algo inferior al 35% en el anterior canje, realizado hace un mes—, facilitado por la tranquilidad cambiaria que se mantiene luego de que el Gobierno mostrara que no ahorrará esfuerzos para evitar saltos cambiarios, aun cuando el billete se mueva cómodamente dentro de la banda de flotación predefinida.
El resultado permite postergar un pago equivalente a US$3332 millones (poco más de $5,04 billones) y le asegura al Tesoro un compromiso para fin de mes mucho más “manejable”.
En el mercado adjudican además parte de este resultado a que, a diferencia del canje anterior, “esta vez ofreció tres opciones en lugar de dos”, observaron desde el Grupo SBS.
La parte “observable” es que apenas ganó uno o dos meses para casi el 98% del compromiso, ya que los inversores que aceptaron el canje se volcaron muy mayoritariamente a la Lelink D3006, con vencimiento a fin de octubre, o a su par D30N6, que caduca en dos meses, a fin de noviembre.
Solo el 2,1% restante, por el equivalente a US$70 millones, se volcó al Bono TZV28, que vence a mediados de 2028, es decir, siete meses después del cambio de Gobierno.
Pero un dato relevante de cara al fixing (fijación de precio) previsto para el 25 del corriente es que, de la Lelink canjeada, solo quedarían en circulación unos US$1100 millones.
“Es un monto muy por debajo de lo que veníamos viendo. Para ponerlo en perspectiva, está en niveles similares al fixing de la D30A6 en abril (US$1062 millones), lo que a priori debería adelantarnos que la dinámica del FX no va a ser tan tensa como en ocasiones pasadas”, apuntó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa, aludiendo a lo ocurrido a fin de julio, cuando un compromiso de este tipo desbalanceó a la plaza cambiaria local y llevó al Tesoro a vender US$146 millones de sus ahorros en una rueda para que la cotización del dólar oficial no superara entonces los $1500.
“Quedarían en circulación en torno a $1,65 billones de la D30S6, con lo que el vencimiento de fin de mes bajaría de $13,3 a $8,4 billones aproximadamente”, apuntó la analista Sofía Bishop, del Banco Voii.
La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, comunicó que recibió ofertas de canje por un total de US$3591 millones, aunque no aceptó un 7,2% de ellas. De allí surge el total adjudicado sobre el monto nominal en circulación de la D30S6. Y detalló que, por el equivalente a US$2419 millones ($3,66 billones a la cotización del dólar oficial del día), solo aceptó postergar pagos por un mes, mientras que otros tenedores, por US$843 millones ($1,62 billones), lo hicieron por dos meses.
La cuestión es que, de este modo, los vencimientos que le tocará al Tesoro Nacional enfrentar en los próximos dos meses se engrosarán hasta superar los $25 billones en octubre y se acercarán a los $35 billones en noviembre. Son cifras que parecen preanunciar que se producirán nuevas operaciones de canje semanas antes de los mayores compromisos, como el desarrollado hoy, el octavo en lo que va del año.
Es una cantidad de compromisos a considerar, más aún si se recuerda que, en lo que resta del año, el Tesoro enfrenta vencimientos de deuda por unos $107 billones, a lo que se suma una cifra muy similar hasta antes de las elecciones de fines de octubre.
Eso explica que el BCRA ampliara días atrás uno de los cupos fijados para la tenencia de títulos públicos por parte de los bancos, de modo de predisponerlos a demandar instrumentos a mayor plazo. Y demostraría que el Gobierno intentaría volver a trasladar parte de los vencimientos de deuda hacia el próximo mandato, aunque eso signifique tener que validar un costo mayor. Mediante este tipo de normas, el BCRA busca ayudar —al crear demanda— a que el Tesoro pueda reducir parcialmente esos sobrecostos.
El punto es que el BCRA afianza vías de financiamiento indirecto al Tesoro, mientras el Gobierno proclama que busca reformar su Carta Orgánica para cerrar definitivamente esas vías de asistencia.
