El Gobierno busca aprobar hoy en la Cámara de Diputados un recorte de los subsidios al gas. La sesión comenzó a las 10.23 gracias al respaldo de sus aliados de Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales, con los que la Casa Rosada negoció hasta último momento beneficios impositivos sobre la energía eléctrica para garantizar el quorum y los votos necesarios. Se inició con 129 legisladores presentes.
Será el último punto de un temario que incluye el proyecto “Hojarasca” -orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad-, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.
Se espera que el debate se extienda durante unas diez horas. Las cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento se dividirán en tandas a lo largo de la discusión.
Si hoy obtienen media sanción, tanto “Hojarasca” como la reforma de “zonas frías” deberán pasar al Senado. También tratados de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica, así como convenios de cooperación jurídica con Serbia, Cuba e Italia.
Figuran en el temario un acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; el acuerdo de cooperación para la vigilancia y control del espacio aéreo con Uruguay; y el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio, todos con media sanción de la Cámara alta.
El proyecto de “medidas energéticas” enviado por el Poder Ejecutivo propone reconvertir el esquema de “zonas frías”: pasar de un sistema masivo, basado en criterios geográficos, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El cambio afectará principalmente a la llamada “zona ampliada”, incorporada en 2021 por impulso del kirchnerismo, que extendió el subsidio automático al gas a amplias regiones del centro y norte del país.
La estrategia oficial consiste en ofrecer una compensación parcial a provincias de altas temperaturas. Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno analiza implementar por resolución beneficios impositivos sobre la tarifa eléctrica para usuarios de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. Las conversaciones estuvieron encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, que durante las últimas horas buscó cerrar acuerdos con gobernadores clave para destrabar la reforma.
La gran excluida de esa negociación fue Córdoba. El gobernador Martín Llaryora rechazó públicamente la iniciativa y pidió a los diputados cordobeses votar en contra.
La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.
El gobernador más afectado será Axel Kicillof. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, de UP.
En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.
En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno-sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüey la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).
Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.
