LA PAZ.–Policías y militares desbloquearon este viernes una ruta vital para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, asfixiadas por más de un mes de protestas sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, se apresta a declarar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.
A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron esta mañana escombros, palos y piedras que cortaban una estratégica vía al sur de La Paz para dejar pasar alimentos.
Antes de ese operativo, cientos de personas tenían que caminar varios kilómetros para abastecerse de verduras y otros alimentos debido al bloqueo de esa ruta que une La Paz con las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo.
El propio presidente Paz se desplazó al lugar tras el operativo, dirigido en el terreno por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y reiteró, en declaraciones a la prensa, su llamado a la “no confrontación sino al diálogo”.
Pero, consultado sobre los siguientes pasos que asumirá el Ejecutivo, Paz respondió escuetamente: “Lo único que puedo decir es que con el ministro de Defensa y el de Gobierno veremos el siguiente paso”.
El pronunciamiento ocurre en una jornada clave. Mientras el gobierno consolidaba la reapertura de corredores estratégicos hacia La Paz, la Cámara de Diputados activó el tratamiento del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción, aprobado previamente por el Senado. La norma será debatida este sábado en comisión y posteriormente en el pleno legislativo.
Desabastecimiento
Bolivia acumula más de 30 días de bloqueos impulsados inicialmente por reclamos vinculados a la gasolina contaminada y posteriormente por demandas salariales y políticas. Según datos oficiales, la crisis ha derivado en problemas de abastecimiento, dificultades para el acceso a servicios de salud y al menos 13 fallecidos relacionados con los efectos de los cortes de ruta.
En tanto, el sector empresario estimó en 2000 millones de dólares las pérdidas provocadas por las protestas.
Las ciudades de La Paz y El Alto y en menor medida las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenar de bloqueos extendidos por el país.
Paz culpó nuevamente al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las protestas y lo acusó de usar “plata ilícita” surgida de “la producción del narcotráfico en el Chapare”, su feudo cocalero y bastión político en el centro del país.
“Está usando al pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”, dijo Paz, al referirse a la orden de captura contra Morales por una acusación de presunta trata de una menor, que él niega.
El jueves, Estados Unidos reiteró su respaldo al gobierno de Paz.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en X que Estados Unidos sigue de cerca la situación. “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco terrorista en la región vuelva a imponerse”, escribió.
Por su parte Morales, enconado crítico de Washington, aseguró este viernes en X que Estados Unidos “recurre nuevamente al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los sectores sociales.
Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que presionan a Paz desde hace más de un mes pedían inicialmente una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas; pero ahora exigen su renuncia.
Agencias AFP y AP
