El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, a tomar medidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo.
Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada $590 millones al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades. La entidad cumple un rol clave en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Con el envío de fondos ejecutado, el juez federal levantó ayer la medida cautelar en la que ordenaba al jefe de gabinete -que tiene bajo su órbita al BNDG- arbitrar los medios necesarios para que no se interrumpiera su normal funcionamiento. Considera que el monto transferido es suficiente para “superar la situación de urgencia” que habían denunciado autoridades del organismo.
La cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido -en línea con lo informado por la Directora General Técnica del BNDG- que la falta de fondos podía afectar el rol de auxiliar de la Justicia que hoy tiene la entidad.
Actualmente, el BNDG asiste a la Justicia en lo que refiere a “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas cruciales para tales procesos.
Según explicaron los fiscales, la ley de Presupuesto nacional aprobada contemplaba apenas el 55,96% del monto requerido para garantizar el normal funcionamiento del organismo público y resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de servicios (de limpieza, vigilancia, mantenimiento general del edificio y tratamiento de residuos patológicos) necesarios para continuar operativos.
Las autoridades del BNDG explicaron que, en este escenario, los peritajes y tareas de laboratorio para 2026 podían verse interrumpidos por no contar con recursos ni condiciones ambientales y de higiene adecuadas.
Para los fiscales intervinientes, esta “eventual demora o paralización de los peritajes genéticos no solo afectaría la continuidad del trámite de expedientes penales, sino que comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
Por este motivo, solicitaron a Ramos Padilla que dictara una medida cautelar. Así, a mediados de mayo, el juez federal ordenó a la Jefatura de Gabinete que dispusiera de manera inmediata “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG.
Esto último incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y de adecuadas condiciones de higiene y seguridad de la entidad. Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG, aún no se expidió respecto de la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. La organización había advertido por un “peligro de parálisis” de la entidad pública.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad”, habían señalado en la agrupación, antes de que Ramos Padilla dictara la cautelar. También habían solicitado la intervención del Poder Legislativo para que se revirtiera la crisis presupuestaria.
Según datos de Abuelas, el BNDG cuenta hoy en día con alrededor de 32.000 muestras genéticas ingresadas, entre los más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y hombres y mujeres que dudan de su identidad. “Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza”, cuestionaron en la organización de derechos humanos.
