La disputa por quién debe investigar la causa de la “mansión de Pilar” puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación también solicita que deje sin efecto la decisión que hizo que el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quedara a cargo de la pesquisa.
Este pedido es la última vía que le queda al Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario de Villar. Por eso ahora el asunto pretende escalar hasta la Corte, mediante un escrito que habla de presuntas “suspicacias en la opinión pública”.
El centro del planteo es que la Casación mandó la causa a Campana con el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, pero sin analizar dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La hipótesis plantea que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, no en Campana. “Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible”, escribió el fiscal. Y agregó: “La Cámara de Casación está dejando de lado la ley procesal, citada por ambas partes, respecto de la competencia territorial, y no le importó”.
A su vez, Villar dio cuenta de un grupo de expedientes. “Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campaña”, sostuvo. Enumeró la investigación por la “mansión de Pilar” y el expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero por presunta defraudación en la AFA.
Por ese motivo, el fiscal aludió a un posible “forum shopping”, en referencia a la “acumulación de causas” en un juez que considera no debería estar a cargo de los expedientes.
Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tevez. Su relevancia es tal porque el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad siempre negó las acusaciones en su contra.
La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.
Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.
La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.
