Acabo de regresar de una intensa misión exploratoria por China, uno de los principales polos industriales del mundo. Recorrimos ferias, visitamos fábricas, analizamos soluciones constructivas y dialogamos con empresarios que producen a escalas que en nuestro país resultan difíciles de imaginar.
La experiencia fue reveladora, no solo por las oportunidades que ofrece el mundo, sino por el espejo que nos devuelve sobre nuestras propias limitaciones.
Es cierto: en China, India, Brasil y otros mercados se consiguen materiales a precios increíblemente competitivos. Desde sistemas panelizados hasta sanitarios, pasando por tecnología industrializada, la oferta es variada, moderna y eficiente.
Sin embargo, una vez puestos en Argentina, esos precios se ven rápidamente erosionados por una cadena de obstáculos: aranceles, demoras aduaneras, costos logísticos, falta de servicio postventa, dificultades para garantizar la trazabilidad y, sobre todo, una carga fiscal asfixiante.
Hoy, Argentina se encuentra entre los países con mayor presión impositiva sobre la construcción en el mundo. La carga tributaria puede superar el 40 % del costo total de una obra, ubicándose por encima de rubros centrales como instalaciones, estructura o terminaciones. En muchos casos, el Estado se lleva más que cualquier proveedor de materiales o mano de obra. Esta es la verdadera distorsión.
Como parte activa de esta misión institucional, puedo afirmarlo con claridad: el problema no está solo en importar o no importar.
1. Reforma fiscal estratégica
• Reducción del IVA para vivienda nueva, como ya aplican países como España o Chile.
• Exenciones de Ingresos Brutos y reducción de tasas municipales.
• Eliminación de la triple imposición sobre un mismo hecho imponible (IVA + IIBB + tasas locales).
2. Formalización laboral con incentivos
• Cargas sociales reducidas para nuevas contrataciones.
• Programas de blanqueo gradual que no penalicen al empleador, sino que lo incentiven.
3. Gestión pública eficiente
• Digitalización de permisos y trámites.
• Normativas unificadas que eviten disparidades arbitrarias entre municipios.
• Estímulos específicos para ciudades intermedias y zonas con potencial de crecimiento.
4. Financiamiento para escalar proyectos
• Créditos hipotecarios accesibles que activen la demanda real.
• Créditos para vivienda en pozo que dinamicen la cadena productiva.
5. Industrialización con desarrollo local
• Promoción de sistemas constructivos innovadores desarrollados en el país.
• Apoyo a la producción nacional de materiales para reducir la dependencia externa.
Importar puede ser útil en ciertos casos, pero no es una solución estructural.
La verdadera transformación del sector requiere revisar de raíz los incentivos, las cargas y las reglas que hoy lo limitan. Si logramos bajar entre un 20% y un 30% el costo de construcción a través de reformas impositivas, laborales y de gestión, muchos más proyectos serán viables, el acceso a la vivienda se ampliará y la economía se dinamizará.
* La autora es Directora Ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)