La cifra corresponde a las multas que aplicó el organismo de contralor a las dos compañías que distribuyen el servicio de electricidad entre los alrededor de 247.500 usuarios sanjuaninos. Las sanciones se dieron en el plazo entre el 1 de mayo de 2023 al 16 de agosto de 2024, según el informe al que accedió en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN.
Para darle dimensión a esta cifra, si por ejemplo se compara este monto total de sanciones aplicadas, con lo que el Gobierno de San Juan destina de fondos provinciales para subsidiar la tarifa eléctrica a los sanjuaninos, las multas equivaldrían a subsidiar a 43.500 familias. Esto, porque días atrás el vicepresidente del Ente, Roberto Ferrero, develó que se inyectan unos 2.500 millones de pesos al año de las arcas provinciales para subsidiar a alrededor de 70.000 usuarios. «Es un gran esfuerzo que hace la provincia, es para colaborar con esos hogares de mayor vulnerabilidad económica que tienen más dificultades para estar al día», argumentó.
En el caso de las multas, son sanciones que el EPRE determina que deben pagar las distribidoras por fallas en el sistema y otros incumplimientos. Son básicamente de dos tipos: las que paga la empresa que van a parar al Fondo de Contención Tarifaria, y las que van directamente con destino a los usuarios.
Ambas en realidad terminan beneficiando a los clientes de las distribuidoras. La diferencia es que las primeras se traducen en contener las subas de precios en la boleta que surgen de las audiencias públicas, ámbito en el que se establecen tarifas por el servicio. En cambio, las sanciones que llegan directo a los usuarios se traducen como descuentos en la boleta.
De acuerdo al informe oficial, las multas que fueron al Fondo de Contención Tarifaria sumaron en el caso de Energía San Juan/Naturgy 987.565.535,52 pesos, mientras que las aplicadas a DECSA alcanzaron los 14.264.275,64 pesos. Es decir, por este primer concepto, las empresas fueron multadas por un total de 1.001.829.811,16 pesos. En el mismo lapso, las sanciones con destino a usuarios alcanzaron para ESJ/Naturgy 535.825.547,31 pesos, mientras que para la compañía caucetera fueron 17.556.888,99 pesos; totalizando 553.382.436,30 pesos. Así, entre ambos tipos de sanciones, la distribuidora más grande fue multada por casi 1.524 millones de pesos y DECSA por alrededor de 31,8 millones de pesos.
Las causas de las multas en San Juan
Según el informe, entre las multas más cuantiosas registradas en el último año contra Energía San Juan/Naturgy, varias se dieron recientemente y son por deficiencias en la Calidad Comercial en el primer semestre de 2022, por 347.565.869 pesos; deficiencias en la Calidad Técnica del segundo semestre de 2023, en el orden de 199.601.602,34 pesos; por demora en la conexión, por 139.366.643,51 pesos; deficiencias en la Calidad Técnica del segundo semestre del año 2022, en el orden de 117.960.730,32 pesos; y deficiencias en la Calidad Técnica durante el primer semestre de 2023, por 104.370.886,02 pesos.
En el caso de DECSA, EPRE aplicó por el solo motivo de deficiencias en la Calidad Técnica un total de 6 multas en el período señalado, siendo la más abultada una de fallas detectadas durante el segundo semestre de 2021, por 7.742.422,91 pesos.
El EPRE aplica desde 1996 multas a las Distribuidoras, superando los 25 millones de dólares, en un conteo hasta el año 2020.
El importe total de las multas aplicadas se mantuvo siempre firme, sin reclamos administrativos ni medidas cautelares judiciales que impidan su ejecución, transfiriéndose todos los montos como bonificaciones en las tarifas a favor de los usuarios y usuarias.
El Fondo de Contención Tarifaria se constituyó por propuesta del EPRE y es una herramienta regulatoria que complementa la política de subsidios desplegada por el Gobierno de San Juan. Desde su creación se han destinado recursos para la contención de las Tarifas al Servicio Público. Las percepciones y erogaciones de los caudales en este fondo son auditadas por el Tribunal de Cuentas Provincial, que viene aprobando todas las cuentas a la fecha.
Por qué se aplican las sanciones
La intervención regulatoria del EPRE tiene por objeto garantizar una «relación de consumo» justa y equitativa. Esto, Procurando atenuar las notables asimetrías y desequilibrios entre el concesionario monopólico del servicio público, respecto del usuario que es cautivo de él.
La acción regulatoria del EPRE se realiza en general, pero no exclusivamente, con carácter ex post (después del hecho) a través del control de la calidad del servicio y producto técnico (cantidad y duración de cortes y niveles de tensión), y de la calidad del servicio comercial.
Las resoluciones del EPRE buscan que las distribuidoras presten el servicio público de distribución de electricidad a todo el universo de usuarios, conforme los niveles de calidad exigidos en el Contrato de Concesión, y en cumplimiento de la normativa legal vigente.
Los Contratos de Concesión de las Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Electricidad en San Juan establecen que el objetivo de la aplicación de sanciones económicas es orientar las inversiones de las Distribuidoras hacia el beneficio del universo de todos los usuarios, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público de electricidad.
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