A tres días de la toma de posesión en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- difundió un duro comunicado en el que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” perpetradas por el régimen chavista durante el proceso electoral del año pasado, entre las que se destacan “al menos 25 asesinatos”, “decenas de desapariciones forzadas”, detenciones arbitrarias y torturas. Además, la comisión concluye que las circunstancias en las que se llevó adelante la votación presidencial del 28 de julio y “las restricciones a los derechos políticos” documentadas en el informe impiden considerar como legítima la reelección de Nicolás Maduro.
“Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder”, se apunta en el pormenorizado escrito de la CIDH dado a conocer hoy por el titular de la OEA, Luis Almagro. Su publicación se da en medio de la controvertida toma de posesión que tendrá lugar este viernes en Venezuela, que enfrenta Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se hayan publicado las actas, y su rival en las urnas, el opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España, quien ya anticipó su intención de viajar a Venezuela para jurar en el cargo.
El informe distingue tres etapas: una preelectoral donde el régimen “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición”. Una segunda instancia, durante las elecciones en las que el Gobierno implementó una estrategia “destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia” y finalmente el periodo postelectoral, en el que se desencadenan una serie de hecho represivos.
“La percepción de fraude en la ciudadanía desencadenó cerca de 300 manifestaciones espontáneas, lideradas principalmente por hombres jóvenes en situación de pobreza. En respuesta, el régimen implementó una tercera etapa de represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social. Las autoridades movilizaron grupos de civiles de choque contra las manifestaciones y lanzaron la ‘Operación Tun Tun’, aludiendo al sonido característico de agentes tocando puertas antes de realizar detenciones”, detalla la CIDH.
“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”, concluye luego.
Asimismo, la CIDH aclara en el documento que al día de la fecha el Estado continúa sin presentar las actas de votación que respaldan el triunfo de Maduro anunciado por el Consejo Nacional Electoral. “La opacidad electoral, y, en general, las restricciones a los derechos políticos documentadas en este informe impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, plantea.
Por otro lado, la comisión “observa que persiste la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos” y la atribuye en parte a una falta de separación e independencia del poder judicial. Por eso llama a la fiscalía de la Corte Penal Internacional “a presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
A lo largo del escrito, el organismo exhorta además a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas”.
La difusión del informe se da luego que González Urrutia denunciara este martes la detención de su yerno en Caracas por “hombres encapuchados” y después que la líder de la oposición María Corina Machado confirmara que saldrá de la clandestinidad en la que se refugia desde agosto del año pasado para estar presente en la manifestación nacional del próximo 9 de enero en Caracas.
