La Constitución le da al Presidente la llave de la continuidad de los jueces que llegan al límite de edad y la usa sin disimulo: no hay una doctrina, sino casos en los que los beneficiados son cercanos al poder o fallaron en consonancia con sus deseos.
Cuando se le pregunta al Gobierno por qué el juez Martín Irurzun debió jubilarse y no otros jueces que cumplieron 75 años, como Carlos Mahiques y Víctor Pesino, la respuesta oficial es: “Esa discrecionalidad es propia de la atribución del Presidente”. Así de tajante lo admitió a LA NACION una fuente confiable del Ministerio de Justicia.
La frase es veraz en lo formal y reveladora de una decisión política. La gestión de Javier Milei no niega que aplica la misma norma con criterios opuestos; sostiene que tiene derecho a hacerlo.
Ahora, acerca de cuál es el criterio, la comparación de los casos de Irurzun, Mahiques y Pesino permite presumirlo. El artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994 y convalidado por la Corte, establece que el juez que cumple 75 años cesa en sus funciones, salvo que obtenga un nuevo nombramiento del Presidente con acuerdo del Senado.
Los convencionales imaginaron un mecanismo de renovación generacional con una excepción para magistrados valiosos. Pero en estos casos la excepción se basa en la voluntad del poder político. El límite de edad es automático; la supervivencia es discrecional. Carlos Mahiques es el padre del ministro de Justicia y Pesino es el juez que habilitó la reforma laboral de Milei cuando estaba frenada en otra instancia judicial inferior.
Con ese mecanismo, cada juez que se acerca a los 75 años ingresa en una zona donde tiene expectativa de quedar. Y su continuidad depende de una decisión discrecional que nadie está obligado a fundar.
En el caso de Irruzun, las razones políticas son sencillas de leer. El Gobierno, con la gestión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó en solo cuatro meses y medio en el rediseño de la Justicia federal de Comodoro Py 2002.
Esto no ocurría desde la presidencia de Mauricio Macri, cuando Mahiques era viceministro de Justicia y propuso a más de un centenar de jueces. Ahora, ya lleva más o menos la misma cifra que durante el macrismo, pero en solo 150 días.
En esta renovación cayó la Cámara Federal porteña, tribunal clave porque confirma y abre el camino al juicio o revoca y entierra los casos de corrupción.
Tras el concurso del Consejo de la Magistratura, Mahiques propuso los nombres de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, el Senado aún les debe dar acuerdo y Milei les firmará el decreto de designación. Yadarola, es allegado suyo, y Bertuzzi, es un camarista que ya está en el tribunal.
Señales de independencia
Con Irurzun prefirieron no arriesgarse a reconfirmarlo. El juez demostró señales de independencia y sus gestos en otras ocasiones fueron suficientes para entender que no admite sugerencias del poder, con las que no está de acuerdo.
Por eso prefirieron dejar caer su pliego, no enviarlo al Senado y hacer un concurso nuevo para designar a un camarista según los deseos del Gobierno, no uno que es parte de los fundadores de Comodoro Py y orientador de votos y doctrinas.
Irurzun integraba la Cámara Federal porteña desde 1994, presidió su Sala II y fue durante décadas uno de los hombres más influyentes de Comodoro Py.
El Gobierno quiere la Cámara Federal nueva. La edad de Iruruzun es el pretexto y no la razón.
En cambio, a Mahiques padre y a Pesino les renovaron su acuerdo. A Carlos Mahiques le renovaron su acuerdo en el Senado para ser juez de la Cámara de Casación cinco años más. Cumple 75 años el 1° de noviembre, pero ya en febrero su trámite no conoció la incertidumbre. El Poder Ejecutivo impulsó su renovación, la Comisión de Acuerdos le dio dictamen en abril, el Senado lo votó en mayo por 58 a 11 votos afirmativos y el decreto 367/2026 lo dejó instalado en Casación hasta 2031.
Todo con meses de anticipación, sin apuros. El beneficiario es el padre del ministro de Justicia. El oficialismo argumenta que el pliego se envió días antes de que Juan Bautista Mahiques asumiera el ministerio, con la idea de desconectar una cosa de la otra.
El otro caso es el de Víctor Pesino, camarista laboral de un fuero en disolución.
Pesino explicó en el Senado que su designación no forma parte de que hubiera firmado con efecto suspensivo una apelación contra la ley de reforma laboral, lo que la mantenía en vigor.
Contó que los plazos desmienten que hubiera existido una transacción entre esa decisión y el acuerdo que le dio finalmente el Senado la semana pasada por cinco años más. Se sintió dolido especialmente por esas denuncias que hizo el kirchnerista Mariano Recalde en el recinto del Senado.
Pesino necesitaba el acuerdo antes del 27 de julio para no jubilarse. Su pliego apareció en el Boletín Oficial al día siguiente de que firmara el fallo que reactivó la reforma laboral del Gobierno, suspendida por una cautelar de la CGT.
Pero las conversaciones con el Ministerio de Justicia habían comenzado mucho antes. Él mismo admitió ante el Senado que se reunió con el ministro Mahiques antes del fallo a favor de la reforma y que en ese encuentro se le comunicó que su trámite avanzaría.
La discrecionalidad de Milei es la explicación oficial para cada caso, pero las circunstancias en que los jueces obtuvieron o no un nuevo acuerdo ayudan a entender mejor la decisión presidencial.
