Pocos comicios inciden tanto en la vida institucional del país como la elección de quienes deciden qué jueces tendremos. El próximo 20 de octubre, los abogados de la matrícula federal en todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para los próximos cuatro años.
La elección llega en un momento crítico. La demora en la cobertura de vacantes judiciales se ha vuelto un problema estructural que afecta el funcionamiento cotidiano de los tribunales. La confianza pública en la Justicia está erosionada, y la distancia entre los ciudadanos y el sistema judicial no deja de crecer. A esto se suma un mecanismo de selección que, en la práctica, hace girar el destino de una candidatura en torno de una entrevista personal ante el plenario, relegando a un segundo plano lo que debería ser decisivo: la trayectoria profesional, la experiencia concreta en el ejercicio del derecho y los antecedentes de los postulantes.
No se trata de una percepción aislada. En marzo de este año, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de nuevo Reglamento de Concursos (Acordada 4/2026) y lo remitió al Consejo de la Magistratura para su tratamiento. En sus fundamentos, el máximo tribunal reconoció que la entrevista personal se venía aplicando “sin criterios suficientemente estandarizados” y con una amplitud que permitía alterar el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas. El proyecto propone acotar esa etapa a veinte puntos sobre un total de doscientos, distribuidos en pautas tasadas, y establecer reglas objetivas para la conformación de las ternas. Los próximos consejeros abogados serán quienes decidan si esa reforma se adopta o se archiva.
En ese contexto, quiénes ocupen las bancas del estamento de abogados no es un asunto político: es una decisión que moldea la Justicia que tendremos en los próximos años. Ellos también deben demostrar total independencia de los partidos políticos.
Los candidatos a este estamento deben ser abogados de integridad comprobada, con experiencia genuina en el ejercicio de la abogacía en cualquiera de los departamentos judiciales del país —no solo títulos académicos o cargos formales—. Deben tener, además, un profundo conocimiento de la Magistratura de la Nación: saber cómo funcionan los tribunales, qué desafíos enfrentan los jueces y qué es lo que hace a un buen magistrado.
Solo la reputación y la solvencia profesional permiten a un consejero abogado dialogar de igual a igual con los otros miembros del Consejo: jueces, legisladores, académicos y el representante del Poder Ejecutivo. Quien carezca de ese peso propio será irrelevante en las discusiones o, peor aún, funcional a intereses ajenos a la Justicia.
La abogacía organizada tiene, entonces, una responsabilidad que excede lo gremial: proponer candidatos a la altura de la tarea de seleccionar magistrados para la Nación y evitar que esta elección se convierta en una interna partidaria.
Pero el perfil de los consejeros importa, en definitiva, por lo que está en juego: la independencia del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura es su guardián institucional, porque decide quiénes serán jueces, si incurren en inconductas y si deben ser merecedores de sanciones. La Constitución Nacional lo exige y la República lo necesita: jueces independientes y probos, que fallen conforme a derecho sin ceder ante presiones políticas ni corporativas. El Consejo es el garante de que el proceso de selección sea transparente, meritocrático y ajeno a componendas. El artículo 114 de la Constitución trazó ese diseño: un Consejo que equilibra la legitimidad democrática con la independencia técnica del Poder Judicial. Ese debe ser el norte irrenunciable.
Las consecuencias de un Consejo que no funciona no son abstractas. Hoy la Justicia nacional arrastra centenares de vacantes sin cubrir. Los concursos tardan años en resolverse y, mientras tanto, los juzgados funcionan con subrogantes que carecen de la estabilidad y la independencia que otorga un nombramiento definitivo. Cuando el Consejo no selecciona con rigor, se designan jueces débiles, se demoran concursos, se protege a quienes deberían ser investigados, y la Justicia pierde credibilidad ante una sociedad que cada vez la percibe más lejana y menos confiable. Por todo esto, los abogados de la matrícula federal no pueden dejar de votar el próximo 20 de octubre. Y deben hacerlo pensando en la institución, no en el candidato de su grupo; votando por aquellos que hayan demostrado, con hechos, la solvencia y la probidad que el cargo exige.
Elegir buenos consejeros es el primer paso para tener buenos jueces. Y tener buenos jueces es condición necesaria para que la República funcione.
