Desde la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) expresaron preocupación por las consecuencias de estas decisiones, al considerar que generan incertidumbre y pueden desalentar inversiones en una de las iniciativas más importantes de la región. Según indicaron, este tipo de medidas no solo repercute en la actividad minera, sino también en el empleo y en toda la cadena de proveedores vinculados. La controversia se originó tras una resolución judicial riojana que limita el uso de un camino estratégico para el acceso al proyecto, ubicado en San Juan. La medida exige la presentación de estudios ambientales y suspende parcialmente el tránsito vinculado a la operación minera durante un plazo determinado. Referentes del sector sostienen que la empresa ya avanzó con la documentación requerida y que se encuentra a la espera de definiciones administrativas. En ese contexto, remarcan la necesidad de resolver el conflicto rápidamente para evitar un impacto mayor en el desarrollo económico regional.
A pesar de las restricciones, el proyecto continúa funcionando mediante vías alternativas dentro de San Juan, lo que permite sostener las tareas en curso mientras se define la situación legal. El caso expone una tensión más amplia sobre cómo coordinar controles ambientales y desarrollo productivo entre provincias, especialmente en emprendimientos que comparten infraestructura y generan efectos más allá de sus límites territoriales.
